Dos nuevos informes en los que se detallan dos nuevos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado en Colombia, fueron entregaron por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con esta segunda entrega, son cinco los informes que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia. El primero fue el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; el segundo correspondía a las investigaciones que se adelantan por las ‘retenciones’ ilegales por parte de las Farc; y el tercero corresponde a la victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.

El primer informe entregado ayer es sobre vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de las desmovilizadas Farc.

Según lo entregado por la Fiscalía, dicha vinculación se convirtió en una estrategia funcional a sus objetivos políticos-militares, que continuamente requerían el engrosamiento de las filas.

Las desmovilizadas Farc usaron la violencia física y las amenazas hacia los menores y sus familiares. En otros casos, también se aprovecharon de la inmadurez de los menores y de las difíciles condiciones socioeconómicas y familiares que atravesaban, haciendo uso de estrategias persuasivas y de engaños para lograr su incorporación. En cualquier caso, la “vinculación” de menores fue un hecho violento que siempre tuvo latente la amenaza de fusilamiento a aquellos que consideraran desertar.

La Fiscalía cuenta con 4.219 investigaciones atribuibles a las Farc en todo el país, por delitos relacionados con la “vinculación y utilización” de 5.252 NNA, por los cuales hay 5.043 procesados.

Con respecto al sexo de las víctimas, se estableció que 3.350 son hombres y 1.790 mujeres. Aunque tuvieron un porcentaje menor de victimización, estas sufrieron delitos graves contra la libertad y formación sexual.

En lo que tiene que ver con la edad de “vinculación” de NNA a las Farc, se encontró que la edad más recurrente corresponde a los 14 años. Sin embargo, hay que señalar que en total se encontraron 910 víctimas entre diez y 14 años.

De otra parte, los diez departamentos que concentran el 77% de las investigaciones son: Meta (23%), Antioquia (11%), Guaviare (11%), Putumayo (9%), Caquetá (7%), Tolima (3%), Cauca (3%), Cundinamarca (3%), Chocó (3%) y Nariño (3%).

‘Falsos positivos’

El otro informe es sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado.

Según la Fiscalía, este no es un acontecimiento reciente en el país. El primer caso registrado es de finales de los años ochenta del siglo veinte. Sin embargo, de acuerdo a los registros de la Fiscalía, este fenómeno se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008

Con los elementos materiales probatorios, la Fiscalía ha identificado un total de 2.248 víctimas que se presentaron entre 1988 y 2014, siendo el periodo con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59,3% de los casos.

En los registros se estableció que 5.626 personas han sido procesadas, de los cuales 3.826 (68%) eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos hechos a 992 (17,6%) suboficiales, 514 (9,1%) oficiales y 133 (2,4%) civiles.

Los registros muestran que el fenómeno se presentó en por lo menos 27 departamentos y que la mayoría de los casos se concentraron en nueve (9) de estos. Antioquia encabeza el listado de victimización con el 29,4% de las muertes cuestionadas. Le siguen: Casanare (7,9%), Cesar (7,7%), Meta (7,5%), Norte de Santander (5,2%), Huila (5,2%), Córdoba (4,8%), Tolima (4,5%) y La Guajira (4%).

La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y  trabajos informales en la ciudad.

Sancionarán procedimiento de la JEP

El presidente Juan Manuel Santos anunció que sancionará en los próximos días la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz con las desmovilizadas Farc, pese a modificaciones “inconstitucionales” que surgieron en el Congreso.

“A pesar de algunos que se oponían, el Congreso aprobó finalmente la Ley de Procedimiento, y le agradezco que haya hecho eso. Ahí salieron unos artículos que para mí son claramente inconstitucionales; yo voy a sancionar esa Ley a pesar de esos artículos y será la Corte Constitucional que tendrá la última palabra”, aseveró el mandatario tras asistir a una sesión extraordinaria de esta jurisdicción, en la que estuvieron presentes sus 35 magistrados, su presidenta Patricia Linares y organismos internacionales.

Santos recalcó que “es urgente que ese reglamento comience a operar”.