La exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, fue reconocida ante un juez como víctima del caso de Centro Poblados.
Según la defensa de la exfuncionaria, su buen nombre se vio afectado por las conductas del hoy procesado, Jorge López Benavides, quien reconoció, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, su responsabilidad en la falsificación de documentos que ayudaron a adjudicar un millonario contrato del Ministerio de las TIC a Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como fin llevar internet a las zonas rurales del país.
“Es claro que el actuar delictivo del procesado en coparticipación con otras personas mencionadas, según lo señalado, ha afectado de manera intangible intereses de Karen Abudinen, al haberse vulnerado su buen nombre y al habérsele cuestionado por su labor como funcionaria pública”, dijo el juez.
Este pronunciamiento se dio durante la audiencia de imputación de López Benavides, quien, según el ente acusador, habría utilizado papelería de un banco para elaborar un documento denominado Garantía de seriedad de la oferta, el cual era requisito indispensable para que Centros Poblados pudiera participar en la licitación pública.
Al parecer, con este papel la unión temporal indujo a error a los funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones que dieron aval administrativo para celebrar el contrato de conectividad, que ascendió a un billón de pesos.
Luego López Benavides, presuntamente, incluyó información falsa en las tres pólizas que presentó Centros Poblados para amparar el manejo de un anticipo por 70 mil millones de pesos. Estos documentos fueron avalados en MinTIC y sirvieron para que los recursos fueran desembolsados.
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Por su parte, la exfuncionaria sostuvo que “siendo ministra de las TIC denuncié ante la Fiscalía General de Nación la falsedad de la garantía bancaria presentada por la Unión Temporal Centros Poblados; fue así como se descubrió este entramado de corrupción. Posteriormente, y sin que me temblara la mano, caduqué el contrato”.
“Lástima que muchos influyentes decidieron en su momento perseguir a quien no cedió y dejaron tranquilo a Emilio Tapia, que fue quien pretendió quedarse con el contrato con falsedad y trampas”, dijo Abudinen en su cuenta de Twitter.
Cabe recordar que EmilioTapia, quien también está involucrado en el escándalo de Centros Poblados, denunció a la exministra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.
Desde que estalló este escándalo la exministra ha afirmado que nunca dio una orden para beneficiar a ningún operador y que los funcionarios públicos fueron engañados en relación a las garantías bancarias presentadas por Centros Poblados. “Todo era una fachada, señor procurador, todo era mentira tras mentira, yo no soy juez para valorar nada, pero yo sí me siento engañada”, dijo la exministra durante un juicio disciplinario.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha apelado la decisión del juez, argumentando que no hay un nexo directo entre las actuaciones que son responsabilidad del señor Benavides y la afectación al buen nombre de la otrora ministra de las TIC. Dicho recurso está en estudio.
En este caso también fueron declarados como víctimas la Contraloría General de la Nación, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Itaú, el Ministerio de las TIC, la empresa SES Colombia y Asset Management BBVA. Sin embargo, la Procuraduría presentó un recurso de apelación ante esta decisión.