Medida de aseguramiento profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un centro carcelario profirió un juez de control de garantías contra el exvicepresidente de Planeación de Cemex, Edgar Ramírez Martínez, y el ex vicepresidente jurídico de esa compañía, Camilo González  Téllez.

Al primero de ellos, declarado en contumacia, se le endilgaron los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en provecho de particulares, mientras que al segundo administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito agravado. Este último fue remitido a la cárcel La Modelo de Bogotá.

La decisión también afecta a Eugenio Correa Díaz, representante C.I. Calizas y Minerales, quien fue imputado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

El juez ordenó la captura de Edgar Ramírez Martínez y Eugenio Correa Díaz para que cumplan la medida impuesta.

La Fiscalía los investiga como presuntos responsables de la compra de un lote en extinción de dominio por el que se habrían pagado 40.000 millones de pesos, a pesar de conocer, supuestamente, que el terreno estaba afectado con el trámite.

El propietario del inmueble, José Aldemar Moncada, había sido sentenciado por lavado de activos como ficha clave de una millonaria defraudación al Estado mediante recobros del IVA, pero fue asesinado por sicarios en abril de 2016.

El fiscal al solicitar la medida de aseguramiento realizó una descripción del papel de cada uno de los directivos en la defraudación a Cemex.

Por ejemplo, indicó que el exvicepresidente de Planeación de Cemex, Edgar Ramírez Martínez, sería el de mayor importancia en el entramado porque era el empleado de más alto rango y antigüedad en la compañía.

“Su participación fue importante en su rol de vicepresidente toda vez que, suscribió varios de los otrosíes de los memorandos de entendimiento, entre los cuales se reconoce un desembolso de 3 millones de dólares con intereses de 4%. Además, habría participado en la triangulación de dineros usados para la compra de un apartamento”, señaló la Fiscalía.

Precisó que González Téllez, por su parte, habría suscrito memorandos de entendimiento y  “conocía de la existencia del predio en extinción de dominio. Sabía quién era el cuestionado Moncada, su propietario”.

Agregó que este funcionario al parecer sabía de las advertencias de otros directivos sobre esas irregularidades y sin embargo suscribió los otrosíes, en virtud de los cuales fueron girados cerca de 8 millones de dólares.

Sobre Correa Díaz, en su condición de representante C.I. Calizas y Minerales, la Fiscalía señaló que habría sido el presunto beneficiario directo de pagos por más de 40.000 millones de pesos.

Sostiene la investigación, que en su cuenta corriente de una entidad financiera en Cartago (Valle), le habrían sido consignados esos dineros.