Fue resulta la situación jurídica de directivos y exdirectivos de la empresa Inassa que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II y la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. ESP., investigados por presuntas inconsistencias en el manejo de dineros y un aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia.

De acuerdo con el material probatorio, se relacionan los hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de $236.853.796.005.

Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores que trabajan en la Operación Acordeón calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían pagado $236.853`796.005, valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los $329.000`000.000, una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.

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Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.

En cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), la fiscal de conocimiento resolvió la situación jurídica de los sindicados, imponiendo medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de los ex gerentes de la Triple A Francisco Olmos Fernández, Luis Fernando Arboleda, Carlos Ariza y Ramón Navarro Pereira. Así mismo a Luis Nicolella, Francisco Malia y Germán Sarabia Huyke, ex gerentes de Inassa.

Así mismo, la fiscal de conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra de Carlos Roca García, actual gerente Inassa, Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa y Alberto Muguiro Eulate, actual presidente ejecutivo de Inassa.

En la decisión la fiscal del caso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Ramón Heraclio Hemer Redondo, gerente actual de Triple A.