La reforma a la Ley de Garantías genera polémica en varios sectores. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que contratar más de 5 billones de pesos en más de 1.000 municipios y 32 gobernaciones genera suspicacias y desequilibrios que se les pueden salir de las manos a los entes de vigilancia.

Barrios consideró que por más ojos abiertos, la transparencia electoral no se puede asegurar y por eso para la oposición tanto de izquierda como de derecha, sin ley no hay garantías. Mientras que para los alcaldes y gobernadores vigentes sería un alivio tener más tiempo para ejecutar en vez de gastar por gastar. De todas maneras, el Congreso tiene la última palabra y luego deberá pasar a control constitucional. Un proceso demorado en el que por más afán que tenga el Presidente, primero tendrá que pasar por un largo camino de espinas.

“Reformar la Ley de Garantías para las gobernaciones no creo que se pueda”, reiteró Barrios, insistiendo en que “poder controlar la contratación de 1.102 municipios, 32 departamentos, más Distrito Capital es una locura. Eso genera clientelismo”.

Con todo, Barrios planteó: “¿Dónde es buena la modificación con cierta laxitud en el tiempo? Sería lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y del Congreso. Lo que podríamos hablar es de una disminución en el tiempo de la entrada de operación de la ley”.

En cambio, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, expresó que “la Ley de Garantías no controla ninguna posibilidad de destinar recursos públicos a financiar las campañas. Lo que hace es paralizar el desarrollo, el progreso, limita los convenios que tienen que darse en los gobiernos locales para cofinanciar obras importantes para la gente y los grandes beneficiados serán las comunidades”.