Una polémica de tipo jurídico quedó ayer planteada entre la Fiscalía y el Congreso de la República acerca de si las disidencias de las Farc pueden acogerse a la recientemente sancionada ley para el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales.

Para el fiscal Néstor Martínez no se puede, mientras que el senador Roy Barreras, coordinador del respectivo proyecto en el Legislativo, piensa todo lo contrario.

Las disidencias de las Farc fueron integradas en un comienzo en diferentes facciones por unos 300 hombres que no se acogieron al acuerdo de paz que esta organización guerrillera suscribió con la administración Santos en 2016. Posteriormente se fueron nutriendo con desmovilizados que inicialmente estaban en el proceso de paz e ingresaron a las zonas veredales, pero terminaron evadiéndose, así como otro personal que han ido reclutando en los dos últimos años.

Según un informe de la Fundación Idas para la Paz dado a conocer en abril pasado, habría 18 grupos disidentes del acuerdo de paz y estarían integradas por alrededor de 1.200 hombres.

El pasado lunes, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que permitirá a organizaciones del crimen organizado someterse en grupo a la justicia y reveló que esta norma va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días.

“Acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz”, expresó el jefe del Estado.

Precisó que “su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada” y en segundo lugar, “fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia”.

No obstante, Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará “y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, dijo.

La Ley de Sometimiento pone en marcha dos estrategias. La primera, fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar a esta delincuencia organizada con nuevos delitos tipificados, como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos armados organizados; el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados y la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Una segunda estrategia es un procedimiento especial para que los grupos armados, como grupos armados, se sometan a la justicia y tiene dos fases: el acercamiento con el Gobierno nacional y luego una judicialización ante Fiscalía y ante los jueces.

Agregó Santos que “el sometimiento colectivo tiene una rebaja de hasta de la mitad de la pena, si se cumplen los compromisos”.

Durante el acto de sanción de esta Ley el Fiscal General de la Nación declaró que “es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional defina cuáles son los grupos armados organizados” para que las herramientas de esta norma empiecen a aplicarse.

En tanto que se conoció que en las últimas horas, Martínez Neira dijo que “el fiscal General de la Nación planteó la inconveniencia de que los disidentes que puedan ser beneficiarios de ese sometimiento voluntario en la medida que ellos tuvieron un esquema de beneficios en la jurisdicción de transición y el propio presidente de la República recogió esa iniciativa públicamente. Entonces de lo que se trata ahora es que se defina por el Consejo de Seguridad Nacional quiénes serían las únicas organizaciones que podrían tener el beneficio de sometimiento voluntario”.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo en marzo pasado al radicar en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento de  las bandas criminales que “las disidencias de las Farc pueden ser reconocidas como grupos armados o delictivos organizados, que si llegasen a hacer sujeción se podrían someter al imperio de esta ley una vez sea surtido su trámite en el Congreso”.

No obstante en esa oportunidad el presidente Santos corrigió lo dicho por su Ministro, señalando en Twitter que “señor fiscal @FiscaliaCol, estamos de acuerdo. Las disidencias no tendrán beneficio alguno. Las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia”.

Habla el Congreso

El senador Barreras dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay mucha confusión de quienes no han leído el texto y sobre el tema de las disidencias lo que hay que recordar es que no son otra cosa que bandas criminales de delincuentes comunes, y cualquier banda criminal puede someterse a la justicia, ojalá todas se sometieran a la justicia, ojalá lo hicieran colectivamente. De manera que esta norma no se hizo para las llamadas disidencias y no les ofrece ninguna gabela, pero permite a cualquier banda criminal, incluidas esas bandas llamadas de esa manera, someterse a la justicia si en buena hora deciden hacerlo”.

En ese sentido Barreras puso como ejemplo que “si el señor ‘Guacho’, que es un delincuente común y responsable de varios crímenes, decidiera presentarse en una estación de policía y entregarse a la justicia, puede hacerlo y sería una buena noticia. Si ese señor se entrega a la justicia voluntariamente y confiesa sus crímenes el Código Penal hoy le ofrece una rebaja de pena”.

Por su parte el representante a la Cámara, Hernán Penagos, dijo a este Diario sobre la ley sometimiento  que “el artículo que diga que las disidencias no pueden beneficiase de ella no está”.

No obstante consideró que “no se pueden beneficiar porque son aquellas personas que están en los listados y que se acogieron al proceso, y luego se fueron como las disidencias”.

Capturados

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció ayer que se han capturado 14 personas por el asesinato el pasado miércoles de tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, en el sector de la Guayacana, en el departamento de Nariño, en el Km 78 de la vía Tumaco-Junín.

Los capturados “tenían en su poder, fusiles, pistolas revólveres, dos granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga”, reveló el Ministro.

Añadió que “estas personas presuntamente pertenecientes a este grupo de ‘Guacho’, serían también los responsables de estos asesinatos de los investigadores del CTI”.

Por su parte, el presidente Santos celebró las capturas y sostuvo que “Guacho y su gente pagarán”.