Varias diligencias judiciales esta semana muestran que la investigación de la Fiscalía entró en etapa de decisiones

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Lejos de estar plenamente esclarecido, el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, que solo en Colombia repartió más de 11 millones de dólares en coimas para quedarse con varios contratos de la Ruta del Sol II, comenzó a moverse en el país en el plano judicial, y a qué ritmo.

Esta semana el aparato judicial mostró nuevos resultados en la investigación que compromete a varios dirigentes políticos y empresarios salpicados por uno de los procesos de mayor impacto en la historia de la contratación pública en el país.

En primer lugar, los tres ex directivos de esa empresa en Colombia -Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares-, señalados por la Fiscalía de crear un entramado para fomentar el pago de sobornos al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, rindieron testimonio vía videoconferencia.

La diligencia se cumplió gracias a que un juez de Control de Garantías de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito por ellos en el que se comprometen a prestar toda su colaboración con la justicia colombiana, a ser testigos en el proceso, y a devolver más de $18 mil millones, cifra equivalente a los 6,5 millones de dólares que le pagaron al ex viceministro García para que les ayudara en la adjudicación de los contratos.

El preacuerdo también fue avalado por la Procuraduría de Brasil, equivalente a la Fiscalía colombiana.

En sus versiones, los tres testigos revelaron nuevos detalles de la manera como se hicieron los sobornos, y señalaron que José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, la firma socia de Odebrecht en el país, sabía de los sobornos.

Mientras tanto, García Morales amplió su testimonio sobre la participación de Luiz Bueno Junior en el escándalo, y de paso afirmó ante el juez que no le consta que Melo supiera de los sobornos que se pagaron para la adjudicación del contrato Ruta del Sol Sector II.

El exfuncionario aseguró que la versión sobre los sobornos entre Odebrecht y Corficolombiana solo los conoció “a través de un testimonio de Luiz Bueno Junior”.

Los brasileños mienten

Paradójicamente, mientras transcurría la videoconferencia de los tres Luiz en un juzgado de Paloquemao, desde Cartagena el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reveló una carta que le envió al embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, en la que afirma que los tres extranjeros “no dicen toda la verdad”, por lo que estarían incumpliendo los compromisos que adquirieron con la Fiscalía colombiana en el acuerdo judicial.

“Existen elementos respecto de la conducta de Odebrecht que podrían evidenciar que no ha cumplido a cabalidad su acuerdo con el gobierno norteamericano”, dice la misiva en la que el jefe del Ministerio Público le advierte al diplomático que los testigos brasileños “no han revelado el número preciso de contratos, montos, funcionarios o agentes políticos sobornados”.

Para sustentar sus señalamientos, Carrillo presentó un pormenorizado balance de los contratos de Odebrecht, por lo que concluye que los sobornos podrían sobrepasar, según la justicia colombiana, los 50 millones de dólares.

Fiscal Ad Hoc ‘mostró los dientes’

Otro giro importante que tomó la investigación del escándalo de Odebrecht esta semana fue la primera decisión del fiscal ad hoc para este proceso, Leonardo Espinosa Quintero.

El jurista, a través de sus dos fiscales, tumbó el preacuerdo que había suscrito la Fiscalía General con varios de los integrantes del llamado ‘Grupo Bulldozer’ que integran políticos y empresarios vinculados al escándalo, y quienes buscaban beneficios judiciales a cambio de colaboración judicial.

Esta decisión afecta a los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, quienes a través de sus abogados llevan más de un año negociando el preacuerdo con el ente acusador.

Para el Fiscal Ad Hoc, estas personas no aportaron “información relevante” pues sus denuncias ya habían sido corroboradas por otros testigos.

El juez que lleva el caso, sin embargo, aceptó las razones de la Fiscalía y le concedió un plazo de un mes para renegociar el acuerdo con los cuatro empresarios sindicados de facilitar sus empresas para mover los dineros destinados al pago de coimas.

El grupo de los ‘Bulldozer’ era dirigido por el exsenador Otto Nicolás Bula, quien también busca un preacuerdo de beneficios con la Fiscalía a cambio de colaboración, pero la diligencia quedó suspendida para el 19 de marzo entrante, cuando se espera que un juez lo apruebe.

‘Millonarios giros’

Y como para que no queden dudas de que la investigación por el escándalo de Odebrecht avanza a pasos agigantados, la Fiscalía también dio a conocer un informe del CTI sobre millonarios giros que se habrían hecho desde las cuentas de Corficolombiana hacia paraísos fiscales.

Según la trazabilidad que hicieron los expertos, los dineros fueron girados en 2010 a cuentas bancarias en Andorra, Panamá y Estados Unidos por un monto cercano a los 10 millones de dólares que fueron a parar a empresas como Diseños de Servicios y Construcciones Management, Consultores Unidos y Sigery Development.

De acuerdo con la Fiscalía, parte de esos dineros se habría utilizado para pagar los sobornos al grupo ‘Los Bulldozer’ que manejaba el ex viceministro García Morales.
Otra recusación

En otro frente de la investigación, la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, recusó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que se aparte de la investigación del escándalo Odebrecht en lo relacionado con el contrato Ocaña – Gamarra.

Si bien el jefe del ente acusador ya se había declarado impedido y por ello la Corte Suprema eligió un Fiscal Ad Hoc, el abogado Jesús Albeiro Yepes, apoderado de Andrade, radicó un nuevo recurso bajo el mismo argumento. Si la Corte acepta el nuevo  impedimento, el caso pasaría a conocimiento del Fiscal Ad Hoc.