Como “una señal positiva para el país” calificó ayer el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera el “que organismos de control hagan seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz”.

Durante la presentación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica, Rivera informó que ya dio respuesta una carta del procurador general Fernando Carrillo en la cual manifestaba inquietudes sobre el cumplimiento del Acuerdo.

“Hemos agradecido la carta del Procurador. El país sabe que el interés del gobierno del presidente Santos es cumplir los acuerdos y celebramos que los organismos de control ejerzan sus plenas potestades para hacer seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos. Es una señal positiva para el país”, sostuvo Rivera, agregando que “hemos respondido punto por punto, donde se explica lo que se ha venido haciendo y se absuelven las inquietudes planteadas por el señor procurador”.

Rivera, a nombre del Gobierno nacional, presentó la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica que garantiza a largo plazo que los exintegrantes de Farc y sus familias accedan a los derechos que tienen como ciudadanos colombianos y a los beneficios que les corresponde por haberse acogido al proceso para finalizar el conflicto armado.

“Construimos esta política con participación integra del Estado como respuesta a miles de excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con la construcción de una paz estable y duradera. Quiero resaltar el valor estratégico de esta política, porque un buen proceso de reincorporación económica y social de las Farc a todos sus entornos comunitarios, será de gran incidencia en el afianzamiento de una paz estable y duradera y la garantía de la no repetición”, aseguró Rivera, en la presentación de dicha política.

Este documento le define responsabilidades a 19 entidades del Estado en 97 acciones, las cuales deberán cumplirse en los próximos 8 años. De igual manera, detalla recursos de los presupuestos de cada entidad para ser implementado.

La Política de Reincorporación fortalece los procesos de articulación entre las entidades responsables, promueve la reconstrucción del tejido social quebrantado por el conflicto, genera condiciones para que exintegrantes de Farc, y sus familias, tengan acceso a programas y recursos para su estabilización y proyección económica, y crea mecanismos de atención y garantía a los derechos fundamentales de quienes se acogieron al Acuerdo de Paz.

“Esta política es otra muestra del compromiso del Estado de ayudar a construir un proyecto de vida productivo, positivo y constructivo a todos los ciudadanos que se acogieron al proceso que finalizó el conflicto armado con las Farc, y a sus familias; y a que lo hagan en el entorno de las comunidades en las cuales ellos quieren trabajar en la reconstrucción del tejido social”, agregó Rivera.

Este documento fue adoptado mediante el Conpes 3931 de 2018, lo cual permite trazar una hoja de ruta para el mediano y largo plazo hacia la consolidación de una política de Estado que permita la plena reincorporación de los ex integrantes de Farc y la articulación de las acciones y los recursos para su implementación.