“Las medidas ordinarias ha tenido mejor impacto”, porque “mientras que con el Decreto van 550 personas” fuera de las penitenciarías, “los jueces de ejecución de penas ya han superado casi las 4.000 personas liberadas”, manifestó el procurador delegado para los Derechos Humanos, Carlos Medina.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la situación de las cárceles en esta pandemia?
CARLOS MEDINA: El tema varía día a día. Tenemos un reporte diario del Inpec. Lo que se ha visto es que después de un primer escenario crítico, como el de la cárcel de Villavicencio, aparecen en escena otros casos bastantes complicados como en Leticia, como en La Ternera en Cartagena.
Sin embargo, a estas alturas, independientemente a que aumentan los datos, se ve que se ha logrado contener la expansión del virus con los modelos de intervención que ha aplicado el Gobierno, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud.
ENS: ¿Qué ha pasado en las penitenciarías donde hay muchos afectados por el virus?
CM: En algunos casos donde se ha presentado una expansión alta e importante del virus es porque se han dado las medidas de manera tardía.
Uno de los primeros elementos contra los que se lucha de manera permanente es justamente cuando la información se obtiene de manera tardía, porque no se aplican permanentemente las pruebas y eso hace que cuando el brote se detecta en buena parte de la población –que en la gran mayoría de las cárceles se encuentra hacinada– pues ya está contaminada.
ENS: ¿Qué estadística se tiene?
CM: A la fecha de hoy tenemos un número de 1.169, de los cuales 1.131 son población privada de la libertad y 38 son de personal de guardia y administrativos. En Villavicencio tenemos 755 personas con diagnóstico positivo y se han recuperado 41.
Lo que quiero decir es que en efecto se ve la dinámica propia del virus, que se encuentra dándole vueltas en las cárceles del país. Apareció un positivo de un guardia en Armenia y hemos estado en alerta. Eso es lo que hemos estado haciendo desde la Procuraduría. Y por eso les hemos llamado la atención, no solo al Gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales.
ENS: ¿Cuál es la situación en Leticia?
CM: Al principio de la semana pasada teníamos 175 personas nuevas con contagio. Era como la cifra entregada por la Secretaría de Salud y la dirección de la cárcel. Allá creo que se encaró el 100% de contagios en la cárcel en Leticia.
ENS: ¿Qué llamado le ha hecho la Procuraduría al Gobierno?
CM: Nosotros hemos planteado la necesidad de abordar desde la perspectiva de salud, no de política criminal ni carcelaria. Y eso sobre todo lo planteamos en momentos en que el Gobierno empezaba a discutir la idea de expedir un decreto legislativo, una de las primeras facultades que tuvo el Presidente cuando declaró el Estado de emergencia. Eso no pasó. El Decreto 546 salió absolutamente limitado. A hoy, el Decreto que iba a tener un alcance de 4.500 libertades va por 550.
ENS: ¿Qué se ha dicho frente a eso?
CM: Teniendo en cuenta eso, le hicimos otro llamado al Gobierno. El Procurador le advierte a la Ministra de Justicia la necesidad de insistir en el deshacinamiento de las cárceles desde una mirada de política pública de salud, para que pudiéramos entender que se tienen que deshacinar los centros penitenciarios para que las medidas sanitarias puedan tener impacto.
Y en esa medida le insistíamos al Gobierno aplicar las medidas ordinarias, las medidas que tiene previsto el Gobierno para las libertades. Le pedimos información al Inpec, que nos reportara las personas que tienen las tres quintas partes de la pena cumplida, las personas que tienen detención preventiva, las personas que tenían enfermedades catastróficas, las personas que incluso podían tener la pena cumplida y aún estaban en el trámite en las cárceles. Y eso nos daba casi 29.000 casos. El hacinamiento en las cárceles está cercano a las 43.000 personas y 29.000 casos es un universo importante. Es en el marco ordinario. No era un favor, sino un derecho.
ENS: ¿Cuál es el resultado?
CM: Mediante las medidas ordinarias ha tenido mejor impacto, mientras que con el Decreto van 550 personas. Las medidas ordinarias que se han venido aplicando de manera acelerada por parte de los jueces de ejecución de penas ya han superado casi las 4.000 personas liberadas. Y eso hay que mantenerlo. Ese es el mensaje. Esto del Covid-19 va a permanecer. Ya se nos fue el año con esto. No se puede bajar guardia.