La ONU ha contabilizado 61 homicidios de estos dirigentes en 2016, 84 en 2017 y ocho en enero de este año.

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Entre enero del 2016 y febrero del 2018 la oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos verificó 153 asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos. 

Aunque las agresiones a líderes sociales son un fenómeno exacerbado en el país, el Gobierno asegura que los homicidios no presentan patrones de sistematicidad.

Este argumento es respaldado por el ministro de Interior, Guillermo Rivera, quien le explicó a la Agencia Anadolu que los delitos en zonas como el Urabá y el bajo Atrato chocoano ocurren bajo diferentes causales.

En estas regiones los líderes son intimidados o asesinados por reclamar sus tierras. Otros, advirtió Rivera, deben enfrentar amenazas porque se involucran en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y, los restantes, porque se rehusan a entregar los títulos legítimos que conservan sobre sus predios mineros.

Por otro lado, existe un sector de líderes que son victimizados en medio del conflicto originado por el control territorial de estructuras criminales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, estas últimas reorganizadas en 15 grupos de desertores en 43 municipios del Guaviare, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño, según la Fundación Paz & Reconciliación.

Rivera le explicó a la Agencia Anadolu que los líderes sociales también son arrinconados por grupos que se desprendieron del Clan del Golfo, ligados a la minería ilegal o al narcotráfico, como 'Los Caparrapos'.

Apéndice del Clan del Golfo 

Del Clan del Golfo surgió una estructura poco conocida en el país que se hace llamar Los Caparrapos, la cual intimida a los líderes sociales y desplaza a la población de los municipios antioqueños Cáceres y Tarazá, con el objetivo de apoderase del tráfico de estupefacientes y de la minería ilegal de esa región.

Luego de independizarse del Clan, Los Caparrapos lanzaron una ofensiva para recuperar el control de estas actividades ilegales y aceleró la presencia de la Fuerza Pública para evitar el enfrentamiento directo con la organización liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que los supera en hombres y armas.

Los Caparrapos, antes conocidos como Los Chepes, fortalecieron sus ingresos económicos con la extorsión, y con la venta y alquiler de maquinaria para minería en las zonas que manejan. Entre tanto, como método de sometimiento a la comunidad, acribillan a líderes sociales para mantener un control tácito de la zona. 

Medidas preventivas

Para evitar que este tipo de estructuras criminales afecten a la población y a los líderes, el Gobierno decidió implementar políticas de prevención como la alerta temprana y el plan Horus.

El primero es un informe realizado por la Defensoría del Pueblo que indica en cuál municipio o territorio se puede presentar una violación a los derechos humanos.

Rivera explicó que después de recibir el informe “el Gobierno hace una reunión donde están presentes la fuerza pública, el gobernador del departamento respectivo, el alcalde del municipio respectivo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría y, en conjunto, estudian los casos para adoptar medidas que estabilicen a la región”.

Por su parte, el plan Horus, anunciado en diciembre del 2017 por el presidente Juan Manuel Santos, busca reducir el número de asesinatos de líderes sociales a través de la presencia del Ejército.

Además, está el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), al que le corresponde hacer las evaluaciones y decidir en qué condiciones una persona amerita protección del Estado.

Este comité protege a 5.757 individuos; de ellos, 3.665 son líderes sociales o defensores de derechos humanos.

Continúan los asesinatos

Pese a los esfuerzos del Gobierno, los indicadores de la Fundación Paz & Reconciliación reflejan otra realidad. Según un informe publicado a finales del 2017, en Colombia matan a un líder social o de derechos humanos cada cuatro días.

El propio ministro Rivera aceptó que la retirada de las Farc de algunos territorios del país influyó en el aumento de los homicidios de dirigentes sociales, pues los reductos de otras organizaciones criminales aprovecharon la desarticulación de la desaparecida guerrilla para apodarse de esas regiones y someter a sus pobladores.

Otra razón que ensombrece los esfuerzos gubernamentales es la impunidad.

De acuerdo con los datos obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, de los 153 asesinatos ocurridos en los últimos dos años solo 14 personas fueron sentenciadas, 35 están en juicios y 17 en fase de investigación avanzada. 

De la totalidad de los asesinatos contra líderes de derechos humanos y sociales apenas se esclarecieron el 44,5 por ciento de los casos, lo que significa que se conoce el motivo y hasta los victimarios del crimen, pero los responsables no han sido judicializados.