El mayor riesgo de incidencias de grupos armados ilegales en las próximas elecciones regionales está en los municipios que reciben regalías, dijo ayer la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

Según la investigadora, la situación se presenta porque las organizaciones armadas irregulares están detrás de las reservas naturales.

 

Barrios aseguró que los departamentos con mayor riesgo de esta clase de influencia son Meta y Casanare. 

 

En el caso de Meta, los municipios que presentan mayor riesgo electoral son Villavicencio, Acacías, Puerto Gaitán y Castilla La Nueva, que reciben regalías por 318.000 millones de pesos.

 

La MOE puso un ejemplo puntual con este último municipio, en donde se inscribió el candidato a la Alcaldía, Omar Obdulio Quintín Gutiérrez, quien se registró con 2.904 firmas y a la ahora de ser autorizado por la Registraduría le aparecieron 3.980, es decir 1.076 más.

 

Alejandra Barrios señaló que el caso ya está en manos del Comité de Seguimiento Electoral y debe ser explicado tanto por el Movimiento que respaldó a ese aspirante, como por la Registraduría Departamental y Nacional.

 

En dicha inscripción aparecen personas que viven en ciudades como Bogotá, Tunja y Zipaquirá y subraya que generalmente un alcalde en esa región sale elegido con cerca de dos mil votos.

 

Barrios enfatizó que es extraño que se conozcan esas denuncias en municipios que tienen derecho a las regalías del petróleo, teniendo en cuenta que municipios como Castilla La Nueva, Puerto Gaitán y Acacías se encuentran dentro de los 20 municipios que más reciben regalías en el país.

 

La directora de la MOE aseguró que otro de los departamentos examinados es Casanare, donde se encontró situaciones atípicas en municipios como Aguazul, Tauramena, Yopal, que recoge unos 262 mil millones de pesos.

 

Además, resaltó que hay situaciones similares en localidades de departamentos como Magdalena, Cesar, Guajira, Boyacá.

 

Ante estos hechos, la investigadora instó al Gobierno a que anticipe el plan democracia en algunas regiones del país, porque los municipios citados necesitan una vigilancia especial.

 

Por otra parte, el registrador Carlos Ariel Sánchez anunció ayer que ya ordenó el reemplazo de los 78 funcionarios de la Registraduría que al parecer estarían vinculados con irregularidades en la inscripción de cédulas, tal como lo había denunciado la MOE.

 

"Sobre los registradores investigados, mientras se adelanta la respectiva investigación, los reemplazamos con registradores ad hoc, no los dejamos manejar las elecciones para brindar garantías a los electores y defender nuestro sistema democrático", señaló Sánchez, quien además afirmó que la misma Registraduría ya adelanta las respectivas investigaciones.

 

Respecto de la denuncia, Alejandra Barrios manifestó que “no se trata de una cifra menor, son los registradores municipales los encargados de garantizar la trasparencia, y si esas garantías no existen, de ahí para abajo la legitimidad de la organización del proceso electoral se viene abajo. Es importante aclarar que estos procesos se encuentran en investigación y los funcionarios no necesariamente son culpables, pero en procura de la transparencia no deberían estar a cargo de vigilar el proceso”.

 

El escándalo de registradores municipales envueltos en irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas, inició el pasado 22 de agosto, cuando el mismo presidente Juan Manuel Santos denunció hechos de corrupción en la negación del registro de firmas para la inscripción de los candidatos a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero y Susana Correa, en donde les propusieron solucionar los problemas en el registro de las rúbricas para inscribir sus candidaturas a cambio de $200 millones y ayudarles a ganar las elecciones por $2.000 millones.

 

Por esta denuncia fueron ordenados 19 traslados de funcionarios de la Registraduría en el Valle del Cauca.