El Centro Democrático acusó en estos años a la administración Santos de dar la llamada ‘mermelada’ a los congresistas para que le votaran sus proyectos.

Este hecho de haberse producido no va más allá de ser un problema ético para el Ejecutivo y el Legislativo porque en la práctica se puede mimetizar a través de los cupos indicativos establecidos para que los parlamentarios direccionen recursos de inversión a sus regiones.

Sin embargo, este miércoles la Fiscalía reveló que encontró también hechos delictivos en la ejecución de estos dineros en la contratación, en lo que dijo estaría comprometido entre otros el senador del partido Opción Ciudadana, Antonio José Correa.

El ente investigador explicó que ha llevado a cabo una gigantesca indagación en lo que llamó Fase I de la Operación Mermelada Tóxica sobre el manejo de los llamados cupos indicativos, en orden a establecer la regularidad en su manejo. En desarrollo de la misma, que ha tomado más de un año y que se basa en casi 50.000 registros telefónicos, seguimientos judiciales y cientos de documentos, “se logró establecer que mediante este mecanismo se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios”, dijo.

La Fiscalía señaló que el primer caso de ‘mermelada tóxica’ que ha comprobado tiene origen en un convenio que se suscribió entre la Alcaldía de El Peñón, en el sur de Bolívar, y Coldeportes para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11 en ese municipio.

Según las pruebas recaudadas el convenio fue priorizado en Coldeportes por tratarse de “un cupo de un senador”. Añade la Fiscalía que “las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado”.

Agrega el organismo que “la investigación da cuenta de que Arling Arias, alcalde municipal, sería un servidor público cercano al senador Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) se habría puesto en contacto con el Mandatario local para lograr la firma del convenio por 3.491 millones de pesos para la construcción del escenario deportivo. Los funcionarios habrían obtenido una coima de este convenio”.

Le puede interesar: Gaviria y Uribe serían testigos de caso Moreno.

Entramado de corrupción

La Fiscalía explicó que el sistema de pagos que se usó en este caso consistió en que la asesora de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del senador Correa, Mariela Trujillo, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto con el fin de promover el convenio en su fase inicial. “El funcionario de Coldeportes plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tendrían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016”, señala el organismo acusador.

Agregó que por su parte el Alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se “habría comprometido a pagar una coima equivalente al 12 por ciento del convenio a través del Congresista y otro porcentaje para el Alcalde”.

En noviembre de 2017, prosigue la Fiscalía, ante la urgencia de aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a “pesar de tener diseños arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos presuntamente falsos. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato. De esta forma, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes con el fin de viabilizar el cupo indicativo del Senador”.

Concluyó la Fiscalía que “las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12 por ciento para el Congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60 por ciento de la coima al inicio de la gestión y el 40 por ciento restante al momento de la firma del convenio”.

También se determinó que el alcalde de El Peñón habría recibido al menos 50 millones de pesos por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido 10 millones de pesos por realizar los diseños del proyecto y 4 millones de pesos por ajustarlos y viabilizarlo.

Todos los pagos se habrían efectuado en efectivo, según las conclusiones del Fiscal de caso, para evadir los controles. Inclusive, “uno de los pagos con destino a funcionarios de Coldeportes habría sido consignado a la cuenta bancaria del hijo de Mariela Margarita Trujillo Buelvas, la asesora de UTL del senador, quien se habría encargado de mediar entre las partes y de hacer varios de los cobros que se tenían como cuotas por la asignación de los recursos. De hecho, presuntamente ella fue la encargada de hacer el seguimiento para la viabilización del proyecto y por ello se habría encargado del pago a los funcionarios de Coldeportes para lograrlo”, expresó la Fiscalía.

Capturas e imputaciones 

Por estos hechos este miércoles fueron capturados el alcalde de El Peñón, Arling Arias; la asesora de la UTL del senador Correa, Mariela Trujillo; y los funcionarios de Coldeportes: Gustavo Velandia, Jairo Ortega y Edwin Moreno. Así como los contratistas Carlos Martelo y Vanessa Deyongh Yepes; de igual forma el exfuncionario de Coldeportes, Carlos Rivera Lozano.

Adicionalmente, el fiscal de conocimiento compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habría incurrido el senador Correa.

La Fiscalía anunció que en los próximos días imputarán a las personas capturadas hasta el momento por estos hechos: al alcalde Arias por interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, uso de documento privado y concierto para delinquir. A la asesora del senador Correa, Mariela Trujillo, por interés indebido en la celebración de contratos– interviniente, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y concusión.

A los funcionarios de Coldeportes: Gustavo Álvaro Velandia por interés indebido en la celebración de contratos – interviniente, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. A Jairo Fidel Ortega Chaparro por interés indebido en la celebración de contratos –interviniente y cohecho propio. A Edwin Fabián Moreno Ruiz por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

En cuanto a los contratistas, Carlos Celestino Martelo Sarabia será imputado por interés indebido en la celebración de contratos – interviniente, cohecho propio y concierto para delinquir; en tanto que Vanessa Margarita Deyongh Yepes por interés indebido en la celebración de contratos – interviniente, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Mientras que el exfuncionario Carlos Hernán Rivera Lozano será imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.