Narcotráfico no será un delito político: Minjusticia | El Nuevo Siglo
Ministerio de Justicia
Miércoles, 8 de Agosto de 2018
Redacción Web con AFP
Gloria María Borrero manifestó que esta propuesta que se presentará en el Congreso no modifica el acuerdo de paz.
________________

El gobierno de Iván Duque presentará este miércoles un proyecto de ley para que el secuestro y el narcotráfico nunca puedan recibir amnistía en futuros procesos de paz, señaló la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

"Es una reforma legal" que busca que "el narcotráfico y el secuestro no sean considerados delitos conexos con los delitos políticos", como rebelión, asonada o sedición, explicó a la AFP la funcionaria.

Aunque la propuesta no afectará los compromisos asumidos con las Farc en el pacto de paz de, la iniciativa que irá al Congreso - donde el partido en el poder tiene mayorías - podría suponer un obstáculo en el proceso el Eln.

"Es una talanquera, la idea es continuar con la negociación con el ELN, pero que sean conscientes que eso (el secuestro y el narcotráfico) no va a ser amnistiable", afirmó.

"Hay que dejar expreso que no se puede interpretar una conexidad entre estos delitos", indicó y agregó que pese a que ni en el acuerdo de paz ni en la Ley de Amnistía está estipulada la conexidad, lo que quiere el presidente Iván Duque es cerrar la puerta en el futuro a la oportunidad de esa interpretación", dijo Borrero a Rcn Radio.

Por otro lado la Ministra manifestó en Caracol Radio que se tiene proyectado que la reforma sea en tres niveles, a nivel constitucional, penal y administrativo. “A nivel legal hemos recogido voces que es necesario cambiar el código penal para articular los tipos penales con penas equivalentes a los delitos que se cometen”.

El acuerdo de paz establece que los magistrados de paz determinarán, caso por caso, cuando un guerrillero empleó el narcotráfico como un medio para financiar la rebelión contra el Estado o una fuente de enriquecimiento personal.

Las partes acordaron igualmente amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos graves de guerra o de lesa humanidad, incluido el rapto de personas.