Mientras que espera la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su petición de sometimiento, el exsubdirector del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, declarará ante la Comisión de la Verdad sobre las ‘chuzadas’ o interceptaciones ilegales ejecutadas por ese organismo contra magistrados de las altas Cortes, periodistas y políticos de oposición al entonces gobierno de Álvaro Uribe.

Narváez fue condenado a 30 años de prisión porque según el fallo judicial fue el determinador del asesinato del humorista Jaime Garzón, no obstante luego de pedir una revisión de la pena finalmente quedó en 26 años.

El exfuncionario, en la solicitud que presentó ante la Comisión de la Verdad, se comprometió a declarar sobre la infiltración del paramilitarismo en el DAS y la existencia de una central de inteligencia en la que operaban funcionarios de este organismo, la cual entregaba información  a las autodefensas sobre personas que eran de su interés, varias de las cuales fueron asesinadas.

También, Narváez se referiría a la pérdida de expedientes en la Fiscalía y el DAS, la venta de informes de contrainteligencia, así como a ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.

Narváez, tras presentar ante la JEP una solicitud de sometimiento, pidió protección especial dada la gravedad de sus denuncias, considerando que “el riesgo que me ha acompañado desde el momento en que formulé denuncias por hechos graves de trascendencia y connotación nacional sigue latente (…) principalmente ahora que manifiesto y he dado a conocer mi sometimiento voluntario a la JEP”, justificó.

En cuanto al escándalo de las ‘chuzadas’ el exsubdirector del DAS hablaría del G-3, el Goni y el Game, desde donde se hicieron las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición.

En el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno y las Farc, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y así, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

La Comisión de la Verdad es un mecanismo extrajudicial, por tanto, sus actividades no tendrán carácter judicial ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional.

Como se dijo, Narváez en agosto del año pasado presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud para que su proceso fuera enviado a la JEP, con el argumento que el crimen de Jaime Garzón habría hecho parte del conflicto armado. Posteriormente, manifestó ante esta Jurisdicción petición de sometimiento.

En caso que Narváez sea aceptado en la JEP, podría recuperar la libertad mientras que esta define su situación jurídica. En cualquier caso, si fuera encontrado responsable, recibiría una sanción de entre 5 y 8 años de restricción de la libertad, pero no iría a la cárcel por tratarse de un sistema de justicia transicional. Empero, deberá aportar verdad y reparar a las víctimas.