RECIENTEMENTE se conoció el controvertido proyecto que buscaba implementar un nuevo impuesto de seguridad para Antioquia, mismo que sería cobrado en las facturas de servicios públicos para financiar diversas estrategias. No obstante, luego de recibir múltiples críticas por parte de diputados y organizaciones gremiales, el gobernador Andrés Julián Rendón echó para atrás la propuesta.

Al respecto, EL NUEVO SIGLO consultó con concejales de los partidos Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical y Colombia Justa Libres la viabilidad de esta estrategia en la ciudad.

La concejala María Clara Name de la Alianza Verde señaló que fortalecer la seguridad debe ser fundamental para el alcalde Carlos Fernando Galán y allí se deben destinar los recursos necesarios para garantizarla.

“Hoy no es necesario implementar este tipo de impuestos o cargas tributarias a los ciudadanos, el bolsillo de los bogotanos no soportaría uno más, teniendo en cuenta la situación de reactivación económica que va a paso lento en Bogotá y en todo el país”, enfatizó.

A su turno, el concejal del Nuevo Liberalismo y presidente del Cabildo, Juan Baena, sostuvo que, aunque la seguridad es uno de los temas prioritarios para Bogotá, la implementación de un nuevo impuesto no es adecuada por la pertinencia y eficacia de esta medida y el impacto económico sobre los ciudadanos.

“Las cargas generadas por la situación de inseguridad no deben trasladarse a la ciudadanía. Al contrario, la seguridad requiere de la optimización de los recursos existentes, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el fomento de la cooperación entre la comunidad y las autoridades. Para resolver no es necesario poner más impuestos, sino saber cómo utilizar los que ya tenemos. Es responsabilidad del Gobierno encontrar un balance entre la inversión pública, la colaboración privada, y la participación comunitaria, sin que esto signifique una carga adicional para la población”, afirmó.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero del mismo partido indicó que es necesario que esta propuesta sea una discusión frente a la necesidad de recaudar mayores recursos para poder invertir más en una problemática ciudadana latente como la inseguridad.

“Basta con ver el mantenimiento de los helicópteros, las horas de vuelo y las decisiones controvertidas como, por ejemplo, que el ministro de Defensa se inauguró en su cartera renunciando a invertir cerca de 800.000 millones que el sector necesitaba. Eso hace que las entidades territoriales tengan que buscar métodos innovadores de inversión en pie de fuerza y en todos los aspectos de seguridad para tratar de compensar esta falta de la Nación”, aseveró.

Por el Pacto Histórico, la concejala Ana Teresa Bernal manifestó que ha propuesto un enfoque de seguridad humana a través de un modelo integral en donde se considera que mejorar la realidad social y económica de la población contribuye a la seguridad.

“Más allá de esta equivocada apuesta, lo que debemos promover es un trabajo orientado a reducir las desigualdades y la discriminación social, fomentando acciones encaminadas a la búsqueda de igualdad, equidad y diversidad, y se incremente la capacidad financiera y económica de los más necesitados”, indicó.

Posteriormente, la concejala Quena Ribadeneira explicó que teniendo en cuenta la situación de seguridad en Bogotá, que a su juicio es preocupante, la idea de implementar un impuesto de seguridad, similar al propuesto en Antioquia, resulta equivocado para Bogotá.

“De acuerdo con el Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) de 2024, el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia ya cuenta con un poco más de medio billón de pesos. Esto demuestra que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la falta de una estrategia integral y efectiva para abordar la seguridad ciudadana”, aseguró.

Impacto a los ciudadanos

La concejala del Centro Democrático, Diana Diago, afirmó que aunque Bogotá necesita una mayor inversión en seguridad, la solución no puede seguir siendo “meterle la mano” al bolsillo de los ciudadanos con nuevos impuestos y con sobretasas.

“Hay que mirar otras alternativas, por ejemplo, reducir los gastos de funcionamiento del gobierno Distrital y ser más eficiente con el uso de los recursos con los que ya se cuenta. También hay que hacer una reducción significativa en temas de burocracia y maximizar cada peso invertido en la inversión para la seguridad”, aseguró.

A su turno, el concejal del Partido Liberal, Armando Gutiérrez, enfatizó que el proyecto de un impuesto de seguridad similar al que se había propuesto en Antioquia, debe ser evaluado con mucho cuidado antes de ser considerado en Bogotá.

“Debemos ser conscientes de que cualquier medida que implique un costo adicional para los hogares bogotanos, especialmente en un contexto de crisis económica después de una pandemia, podría generar más problemas que soluciones. Antes de implementar un impuesto como este en Bogotá es esencial que realicemos un análisis profundo de su viabilidad y de su impacto económico en la familia, no sea que nos salga más costosa la cura que la enfermedad”, advirtió.

Por su parte, el concejal del partido Cambio Radical, Rolando González, indicó que el bolsillo de los bogotanos no aguantaría un impuesto para financiar la seguridad y menos en la factura de servicios públicos.

“Esta opción no es viable porque sería regresivo y poco equitativo, toda vez que más del 70% de la ciudad se concentra en estratos 1 a 3. Debemos trabajar para incentivar el pago voluntario del 10% que actualmente se destina para la seguridad y que solo lo hicieron 8.000 contribuyentes de un universo de más de 2 millones en la ciudad. También se debe revisar si los recursos generados por el pago de los comparendos por código de policía se deberían utilizar para financiar la videovigilancia y no para otros asuntos tal como hoy está estipulado”, explicó.

Finalmente, el concejal Marco Acosta del partido Colombia Justa Libres señaló que, si bien el tema de seguridad es muy importante, la situación del país no amerita asfixiar más a la ciudadanía y al sector productivo con impuestos.

“Desde nuestra posición no estamos de acuerdo con el aumento de más impuestos, razón por la cual no acompañamos el impuesto a alumbrado público en Bogotá en la discusión del Plan de Desarrollo Distrital. Una redistribución de recursos y un replanteamiento de las prioridades del gasto público, aportaría más a la solución. No se trata de acudir a la vieja receta de oprimir el bolsillo del contribuyente, necesitamos más audacia y creatividad por parte de nuestros gobernantes”, concluyó.

Hurto de bicicletas

Según cifras presentadas el pasado viernes por la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del 2024, el hurto a bicicletas en la ciudad se redujo en un 34%; es decir, cerca de 1.600 casos menos en comparación al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se han capturado 180 personas por este delito.

Los controles en calle se reforzaron en puntos priorizados por la Policía, donde se identificó que se presentaban la mayoría de los hurtos. Además, se aumentaron las labores de inspección en establecimientos de compra y venta de bicicletas para prevenir la comercialización de bicis de dudosa procedencia y el delito de receptación.