Andrés Chica sabe que abogar por los derechos de las víctimas de la guerra en el país y hablar de verdad, justicia, reparación y no repetición en el departamento de Córdoba, al norte del país, le va a costar mucho. “Pero ya estamos montados en ese potro y no nos vamos a bajar”, dice lleno de convicción. Luego mira al piso y añade: “…a menos que nos bajen”.

Chica es uno de los cientos de líderes sociales que están amenazados en Colombia. Participó en el Paro Nacional Agrario en Colombia 2013 -que paralizó 14 de los 32 departamentos del país exigiendo mejores condiciones de vida para los campesinos- y ahora apoya los esfuerzos de sustitución voluntaria de cultivos en su región.

“He tenido tres intentos de asesinato, la fuerza pública intentó llevarme preso por apoyar la movilización en 2013 y me ha tocado vivir en el exilio”, cuenta como si estuviera exhibiendo sus heridas de guerra.

A Chica le ha tocado vivir los años más duros de la guerra en Córdoba. Desde 1994 hasta 2005, el Bloque Sinú y San Jorge de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) violentaron el sur del departamento arrasando a las guerrillas del EPL y Farc, que hacían presencia en la zona. Se apoderaron del lucrativo negocio del narcotráfico, la exportación de droga desde la costa caribe colombiana y el tráfico de armas desde Panamá.

Extorsionaban a los campesinos y asesinaban a cualquiera que sospecharan fuera colaborador de la guerrilla.

No tardaron en hacer tratos con los políticos locales para usar entidades del Estado a su favor y eligieron candidatos para Senado y Cámara por el departamento.

A partir de ese momento los miembros de sindicatos, las asociaciones campesinas, las ONG de derechos humanos, los ambientalistas, activistas sociales y políticos independientes se convirtieron en 'objetivos militares' del paraestado.

Esta dinámica de violencia obligó a Chica a exiliarse en Cuba por un año. Volvió cuando la Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de protección.

El miedo que implantaron las AUC aún no se ha desvanecido. Trece años después de que las AUC firmaran un acuerdo de desmovilización con el Estado, nuevos grupos han asumido las rutas del narcotráfico y el modus operandi de los paramilitares.

Ahora, dos años después de firmarse el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, la violencia contra líderes sociales se ha exacerbado disparando las alarmas internacionales.

“Para nosotros en Córdoba es muy lamentable decir que este está entre los 10 primeros departamentos a nivel nacional en número de líderes sociales asesinados”, cuenta Chica.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) tiene 19 asesinatos registrados en Córdoba, cifra que lo convierte en sexto a nivel nacional con más homicidios de activistas.

Los líderes están asustados. Muchos no se atreven a denunciar las amenazas por miedo a las alianzas que aún hoy en día las autoridades locales puedan tener con grupos armados. “Nos ha pasado que ponemos la denuncia en la Fiscalía y apenas salimos miembros de grupos armados tienen la copia de la denuncia y nos amenazan por haber hablado”, cuenta Chica.

“Hay alianzas entre las autoridades y los grupos criminales, no sabemos si es coaccionada o voluntaria, pero existe. Mientras esto siga pasando los líderes seguiremos en riesgo”, afirma.

La situación en Córdoba se repite en cientos de municipios colombianos. Indepaz habla de unos 293 asesinatos de activistas en los últimos dos años. Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2016 y este año, se han registrado más de 180 crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La cifra, aunque es menor a la de Indepaz, es muy preocupante.

Ante esta situación, que la organización Somos Defensores ya califica de “emergencia humanitaria”, la pregunta que se repite una y otra vez en debates políticos y medios de comunicación es: ¿Qué hacer?

En diciembre de 2017, el Gobierno colombiano emitió el Plan Horus, para intensificar las medidas de protección en las zonas que dejaron las Farc. Como parte de la estrategia, 63 mil uniformados fueron desplegados en 67 municipios y 595 veredas del país.

Este martes, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ordenó implementar nuevas medidas de protección para los líderes. Entre las medidas está una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior, un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados, más recursos para que la Unidad Nacional de Protección -que otorga esquemas de seguridad a ciudadanos amenazados- realice los estudios de riesgo colectivo y más presupuesto para ampliar esquemas individuales de protección.

Pero los líderes están cansados de que militaricen sus municipios, les asignen escoltas y carros blindados, y los asesinatos continúen.

“No queremos más escoltas porque nos siguen matando. Creo que esa es una de las fallas del gobierno: creer que con escoltas y carros blindados nos está protegiendo y no es así”, asegura Chica.

Un ejemplo de ello es el municipio de San José de Uré, al sur del departamento, que tiene una población cercana a los 11.000 habitantes. Por años ha peleado por establecer una Guardia Cimarrona, una técnica ancestral de las comunidades negras para resolver conflictos de forma dialogada. Cuando los asesinatos de líderes empezaron a aumentar, volvieron a pedir la guardia. El Gobierno respondió mandando 3.000 soldados, pero la comunidad asegura que ya han matado a cuatro personas más.

Detener los asesinatos a los líderes sociales es vital para implementar el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 y cumplirles a las comunidades la promesa de una “paz estable y duradera” que hizo el gobierno de Santos durante el proceso.

“Yo no me atrevo a soñar en un futuro porque siento mucha inseguridad. No solo por mi seguridad física sino también inseguridad sobre si lo pactado en La Habana se va a respetar o no”, explica Chica, quien además tiene tres hijos entre los 11 y los 17 años.

“Si el acuerdo no se mantiene, es muy difícil soñar. El país está inmerso en una zozobra por el recrudecimiento de la violencia”, añade.

Chica explica que tienen miedo de que, si el gobierno del presidente entrante, Iván Duque, cambia la Jurisdicción Especial de Paz, como lo prometió en campaña, muchos excombatientes de las Farc podrían sentirse traicionados y volver a la guerra. “Eso para nosotros sería letal”, concluye.