El presidente Iván Duque hizo la convocatoria para adoptar nuevos mecanismos de protección

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El Gobierno nacional convocó para esta semana a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, organismo encargado de hacerle monitoreo al cumplimiento de la acción del Plan de Acción Oportuna (PAO) diseñado para brindar seguridad a los líderes sociales.

El llamado lo hizo el Jefe de Estado en desarrollo de las medidas anunciadas desde mediados de noviembre del año pasado, para hacerle frente a las amenazas y asesinatos de líderes sociales.

La reunión está prevista para este miércoles 30 de enero, a la que asistirán el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como organizadora del encuentro.

A la reunión se espera asistan representantes de la sociedad civil y otras autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, que han venido trabajando en este frente.

Justamente, la Ministra del Interior ha venido realizando diversas reuniones en varias de las zonas más afectadas por el conflicto para escuchar a los voceros comunales y adoptar las medidas del caso.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General, entre 2016 y 2018 fueron asesinados 238 líderes sociales, aunque las cifras no coinciden contra otras entidades como la Defensoría del Pueblo que habla de 250, mientras que algunas ONG estiman que los crímenes de estos dirigentes sobrepasan los 300.

Solo en  lo corrido de 2019, en el país se ha reportado la muerte violenta de al menos ocho líderes comunales.

Esta es la tercera ocasión en la Comisión Nacional de garantías de Seguridad es convocada, y la primera en lo que va de la administración del presidente Duque.

Esta instancia fue creada como parte del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la desmovilizad guerrilla de las Farc, hoy partido político.

La Mesa se reunió en dos ocasiones anteriores en la pasada administración, pero no había vuelto a ser convocada, a pesar de que así lo habían solicitado diversos sectores desde el Congreso de la República.

Cifras más que preocupantes

Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, Indepaz, reveló un panorama desalentador sobre las amenazas y crímenes contra líderes sociales en el país.

De acuerdo con el documento, que recogen además los reportes de medios de comunicación, entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de enero pasado, en todo el país habían sido asesinados 566 líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y otros voceros comunitarios.

Solo durante 2018, según Indepaz, murieron a manos de desconocidos 225 líderes en 119 municipios del país, siendo los departamentos más afectados, Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo y Meta.

Para las autoridades, la mayoría de estos hechos violentos habrían sido cometidos por el llamado ‘Clan del Golfo’, y entre los principales móviles estarían la reclamación de tierras.

De hecho, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de los líderes asesinados han rechazado los cultivos ilícitos en sus regiones y economías ilegales como la minería ilegal.

En esa declaración el organismo humanitario le pidió nuevamente al Gobierno nacional que “se avance en la protección colectiva de comunidades, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el fortalecimiento del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida y una convocatoria este mismo mes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.

La mayoría de estos hechos siguen aún en investigación de las autoridades, y en solo unos pocos casos se han judicializado a los responsables.

Preocupación de la ONU

Desde diciembre pasado, el relator especial de la ONU para el tema de los líderes sociales, Michel Horst, advirtió al Gobierno del presidente Duque sobre la grave situación que enfrentan los líderes sociales en distintas regiones donde antes operaban la guerrilla de las Farc y que ahora son disputadas por bandas criminales y grupos emergentes o disidencias.

Justamente, en las visitas que han realizado varios de los ministros del Gobierno Duque, se han trazado directrices con las asociaciones comunales para buscar mecanismos que les garanticen seguridad.

Esta información es la que se llevará a la mesa nacional esta semana, y a la que se esperan que salgan nuevas medidas de seguridad para frenar esta oleada de ataques indiscriminados.