Por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de estabilidad jurídica que benefició a la Concesionaria Ruta del Sol SAS, la Procuraduría le profirió pliego de cargos al exasesor del despacho del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Miguel Pico.

Pico, que es administrador de empresas, con Especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, coordinó la oficina de asuntos legislativos y regionales del Mincomercio entre 2010 y 2014.

Según lo informó el Ministerio Público a través de un comunicado, el material probatorio recaudado señalaría que Pico habría realizado gestiones que permitieron la firma del contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Ministerio de Transporte, para amparar el proyecto vial Ruta del Sol, por las que habría recibido, presuntamente, pagos ilegales por $100 millones entre 2013 y 2014.

El documento, firmado el 31 de diciembre de 2012, permitió la estabilización de algunas normas que beneficiaron, aparentemente, a la concesionaria, para no ser afectada por un cambio legislativo que pudiera hacer más onerosos sus activos en materia tributaria, razón por la que el exfuncionario habría incurrido en un aparente interés ilícito en la celebración de contratos.

Para la Procuraduría, Pico también podría estar comprometido en un cohecho impropio, al haber recibido, presuntamente, esa suma de dinero por adelantar gestiones propias de su cargo para que se aprobara la solicitud de la concesionaria. Esa petición fue negada inicialmente por el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por ir en contra de los intereses de la Nación, y tenía proyectada en igual sentido la respuesta al recurso de reposición interpuesto por los interesados.

Para el órgano de control el exfuncionario al parecer vulneró el principio de moralidad de la función administrativa, toda vez que en su condición de asesor del Ministerio para 2012 se separó de los conceptos de la legalidad en beneficio propio y de un tercero, para lograr la firma del contrato objeto de investigación disciplinaria.

Por esos hechos la Procuraduría calificó la presunta conducta de Pico como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Contrato de estabilidad jurídica

El 23 de agosto de 2017, la Fiscalía recibió a Pico en diligencia de interrogatorio en la investigación sobre los contratos de estabilidad jurídica. Aunque hasta el momento no halló méritos para un proceso penal, la situación podría cambiar con las pruebas recaudadas por la Procuraduría.

En octubre siguiente, Pico renunció a su cargo como viceministro de Asuntos Agropecuarios argumentando razones personales, pero la dimisión se produjo justo cuando Aurelio Iragorri fue remplazado por Juan Guillermo Zuluaga en el Ministerio de Agricultura.

Aunque el objeto del contrato de estabilización fue lícito, la Fiscalía ha establecido que para afianzar el trámite del contrato, Odebrecht habría pagado la suma de $4.000 millones desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Brasil (que, como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, es la oficina desde donde se manejaron los sobornos de la multinacional).

Para el efecto habrían buscado los oficios del intermediario Federico Gaviria, quien a su vez habría contado con la participación del exsenador Otto Nicolás Bula para que por medio de sus influencias lograra contactar a un congresista, para que intercediera ante los ministerios competentes.

Gaviria ya fue acusado por el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, junto a los empresarios Eduardo José Zambrano, Gustavo Torres y Gabriel Dumar, de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencia y cohecho, entre otros.

Con base en lo dicho por estos empresarios, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta participación en estos hechos de varios congresistas, conocidos en el argot de los sobornos de Odebrecht como los ‘buldócer’, entre ellos los exsenadores Bernardo Miguel Elías y Antonio Guerra.

Pico ha dicho a los medios de comunicación que “desde el momento en que se divulgaron señalamientos infundados en mi contra he comparecido a la autoridad competente y seguiré acudiendo a los llamados de los entes de control”.

El empresario Dumar ha declarado que Pico habría sido uno de los destinatarios de más de más de $9.000 millones que se habrían repartido también, a través de contratos ficticios, con los senadores Guerra y Elías, así como con Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente.

Mientras una pequeña parte habría sido para los congresistas (lobby ante la Superintendencia Financiera) y Pico (contrato de estabilidad), el grueso de los $9.000 millones habría ido a dar a la campaña presidencial.