Han pasado dos años desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro y, según analistas en temas de seguridad y orden público, aún persisten problemas como la presencia de grupos armados en diferentes regiones del país, el narcotráfico y los enfrentamientos territoriales entre bandas.

Frente a este panorama, EL NUEVO SIGLO consultó con especialistas en conflicto armado y orden público, quienes explicaron si el Gobierno ha dado pasos efectivos sobre el particular o si por el contrario no ha habido avances al respecto.

Problemas de seguridad 

El director del Instituto de Ciencia Política de Colombia (ICP), Carlos Chacón, explica: “El balance en materia de orden público y seguridad tras dos años del gobierno de Gustavo Petro es desfavorable. La política de 'paz total' ha sido criticada por su ineficacia en desarticular estructuras criminales y en garantizar el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales. En lugar de desmovilizar a estos grupos y desmantelar las economías ilícitas, se ha permitido su consolidación territorial y el fortalecimiento de su poder operativo”.

Agrega: “Los informes de la Defensoría del Pueblo y otras entidades oficiales, así como el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Consejo Nacional Gremial, indican un incremento en la presencia de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en más municipios, así como un aumento en delitos como extorsiones, secuestros, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Este contexto refleja un ciclo de violencia que afecta gravemente la estabilidad democrática y la seguridad de los ciudadanos​​”.

Por su parte, Nestor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, aseguró: “El conflicto armado ha tenido un fenómeno que se llama alta fragmentación y quiere decir que ya no hay estructuras grandes unificadas como en su momento eran las Farc o los paramilitares, sino que tenemos una descentralización del conflicto producto de muchos factores, entre los que se incluye la firma de los acuerdos de paz y su desmovilización”.

Sostiene además que “el gobierno que hubiese llegado, independientemente que fuese de izquierda o derecha, tendría que enfrentar el mismo fenómeno de descentralización que ni siquiera se limitó a este periodo de gobierno, sino que comienza al final de la administración de Juan Manuel Santos, crece exponencialmente durante el gobierno de Duque y hoy en día se sigue viendo”.

Del mismo modo, el general (r) Guillermo León, de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), señaló: “Después de la firma del acuerdo con las Farc en el 2016 hubo dos situaciones que afectaron y que de alguna manera empiezan a incidir en la situación de seguridad en el país. Esto debido a que las áreas que dejaban las Farc debían ser copadas por el Estado, de tal manera que no fueran utilizadas por otras organizaciones al margen de la ley, y eso no sucedió”.

Posteriormente expresa: “No hubo una respuesta del Estado para copar esos espacios que habían dejado en las diferentes regiones el grupo inicial de lo que eran las Farc”.

De otro lado, el analista en conflicto armado y paz Eduardo Pizarro dijo sobre el particular: “En Colombia observamos de manera creciente la emergencia de estos remedos de Estado a nivel regional o local. Se trata de grupos armados ilegales, ya sea de origen político –como el grupo disidente de las Farc Estado Mayor Central, el grupo reincidente Nueva Marquetalia o el Eln–, o ya sean abiertamente criminales –el Clan de Golfo o Los Pachencas–, que buscan el dominio de porciones del territorio”.

Advierte en este sentido: “Para consolidar esos dominios territoriales, estas organizaciones buscan un control de la población local mediante una combinación de discursos ideológicos, generación de miedo y adhesión pragmática. A los discursos que tienen como objeto intentar justificar las razones de su accionar armado, estos grupos le están añadiendo la ejecución de obras de infraestructura con el objeto de deslegitimar al Estado central y a las autoridades”. 

Aumento de la violencia

Las dificultades de orden público también fueron objeto de análisis por parte de estos expertos. Carlos Chacón, del ICP, aseguró: “La política de 'paz total' ha tenido un impacto significativo en el aumento de la violencia en Colombia. Al otorgar reconocimiento político a grupos armados y establecer diálogos sin condiciones claras, se han generado incentivos perversos para el fortalecimiento de estos grupos. En lugar de reducir la violencia, la política ha facilitado la expansión del control territorial y la capacidad operativa de los grupos criminales​​”.

Aseveró, así mismo: “La falta de una estrategia integral que combine negociaciones de paz con acciones contundentes para enfrentar a los grupos armados ha resultado en un incremento de la criminalidad. La expansión de economías ilícitas y el fortalecimiento de grupos como el Eln y las disidencias de las Farc reflejan la insuficiencia de la política de seguridad actual​​”.

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad, declaró: “La estrategia de 'paz total' por parte de este gobierno no ha sido clara en términos de la estrategia a través de una campaña militar. Entonces, esos espacios de vacío de poder han sido ocupados por grupos armados, y los ceses al fuego muy rápidos, pero que han surgido sin mayor condicionamiento, han sido utilizados por los subversivos para su fortalecimiento armado”.

De modo similar manifestó: “Esto vienen generando un sinnúmero de críticas, porque la sociedad civil ha quedado bastante afectada en las regiones por causa del conflicto armado, por violación a los derechos humanos, reclutamiento forzado y otros fenómenos. Entonces, el cese al fuego puede ser un instrumento, pero hay que tenerle unas banderas rojas y el Gobierno no ha sido claro en esas banderas rojas”.

Por otro lado, el general Guillermo León, de Acore, afirma: “Es supremamente importante destacar esta falta de personal, porque significa que actualmente tenemos menos tropas para hacer control territorial y cumplir la misionalidad. A veces creemos que todo lo malo empezó aquí con este gobierno, pero no, porque el problema viene desde más atrás, con decisiones que se tomaron, con cosas que se dejaron de hacer”. 

Subraya seguidamente: “Este gobierno viene con una política de 'paz total' que hace una modificación a la ley de orden público para que el Gobierno entre en negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Se cometieron unos errores dentro del proceso en el tema del inicio de los diálogos, comenzaron con unos ceses bilaterales sin concretar agenda de conversaciones, entonces, el Gobierno entró a estos procesos de diálogo en condiciones de debilidad, porque no tenía cómo exigir y mantener de alguna manera una fuerza de negociación y mostró la debilidad al ceder un aspecto importante como es el desarrollo de operaciones militares”.

Finalmente, Eduardo Pizarro advierte: “Uno de los factores que están incidiendo en la expansión de estas 'gobernanzas armadas' es la fragilidad creciente y simultánea de las fronteras terrestres y marítimas del país y de los territorios adyacentes. Un fenómeno muy similar al que se está observando hoy en día en naciones como México, Guatemala o Ecuador. Un ejemplo entre muchos otros es el del Cañón de Micay y la Costa Pacífica, interconectados por rutas clandestinas”.

Enuncia categóricamente: “Hoy en día Colombia está llena de estos corredores estratégicos, que van desde las regiones próximas a las fronteras marítimas y terrestres. Así se evidencia en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo o Caquetá, o en regiones como el Catatumbo o el Bajo Cauca antioqueño, donde estos corredores se dirigen hacia nuestros dos océanos o hacia los países vecinos”.