Diferentes agencias advierten que las violaciones de derechos humanos persisten en la subregión del Bajo Cauca.

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Preocupación por la persistencia de desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño manifestó la ONU.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) explicaron en un comunicado que “hasta la fecha, y desde el 19 de enero del presente año, se ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas y adolescentes)” en el municipio de Cáceres (Antioquia).

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas son los más afectados por estos hechos violentos.

Las organizaciones “expresaron alarma” por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, en el nororiente del país. A la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, los asesinatos superan por un 255 por ciento la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior.

“En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio”, explicaron las organizaciones.

La Defensoría del Pueblo, institución estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió una alerta temprana “pero la situación sigue empeorando”, advierten las dos entidades.

Tanto ONU Derechos Humanos como Acnur hicieron un llamado al Estado para que revalúe la política de protección para las comunidades “pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes”, indicaron.

“Urgimos a que el Estado garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana”, añadieron.

Por último, las entidades concluyeron que hace falta una estrategia de respuesta integral a largo plazo para prevenir, proteger y garantizar que no se repitan las violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca.