El tratamiento especial a los integrantes de la Fuerza Pública en la JEP que estableció la Ley 1922 de 2018, la cual fijó los procedimientos en esta Jurisdicción, condiciona la garantía de los derechos de las víctimas en el conflicto armado a las decisiones individuales de los involucrados.

Así lo hace saber la Organización de las Naciones Unidas en un concepto que hizo llegar a la Corte Constitucional.

Precisamente la Corte tendrá en cuenta este y otros conceptos para el fallo que está pendiente de emitir sobre la Ley 1922 de 2018, que en su Artículo 75 establece que los procesos de los miembros de la Fuerza Pública iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferencial para el juzgamiento exista. “Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán, los procedimientos aprobados por esta ley”.

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En este sentido, el concepto firmado por Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia de la ONU, advierte que se “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.

La ONU considera que de avalarse esta disposición sería contraria a las obligaciones que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar “las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH”.