Una nueva orden de captura fue emitida ayer contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien se encuentra procesada por irregularidades en un contrato para construir adoquines en el municipio de Albania.

El juez 45 de control de garantías, quien tomó la decisión, consideró que la exmandataria departamental debe estar privada de libertad mientras se adelantan las investigaciones debido a la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la afectación de las pruebas que reposan dentro del proceso.

El togado manifestó que la Fiscalía General presentó documentos relacionados con las amenazas e intimidaciones que habrían recibido un grupo de testigos, quienes solicitaron que se les garantice su protección. El juez consideró que la exgobernadora representa un peligro para la sociedad puesto que habría puesto en marcha una estrategia con el fin de acallar a testigos.

“Se habría intentado presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que esta persona ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad”, sostuvo.

Consideró, además, que Pinto podría evadir el accionar de la justicia, debido a que tiene facilidad para movilizarse por la frontera, lo que le permitiría salir del país sin inconvenientes. “Este despacho encontró una constancia que indica que no se encontraba en su vivienda en Bogotá”, explicó.

A Pinto, quien no se ha hecho presente en la mayoría de las audiencias al aducir falta de garantías, la Fiscalía le imputó, el pasado 18 de junio, los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

El ente investigador señaló que Pinto, cuando se desempeñaba como alcaldesa de Albania,  habría firmado contratos de infraestructura que no cumplirían los requisitos legales. Los contratos cuestionados tenían como fin adoquinar varias vías del municipio y suman un valor de $12.590 millones. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se habrían llevado a cabo el 70% de las obras y el contrato había beneficiado a familiares de Pinto.

El fiscal afirmó que el contrato de adoquines se contrató como mano de obra a 2.165 personas, y muchas no adelantaron las actividades contratadas. Adicionalmente el tiempo de la contratación coincide con la inscripción de campaña de Pinto, igual que con el cuestionado contrato de mortalidad infantil, por el que la exgobernadora también fue procesada.

Pinto fue la primera mandataria departamental del periodo 2015-2019 en salir del cargo. En  7 de junio de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección porque violó la prohibición establecida en la Ley 617 de 2000, según la cual quien resulte elegido Alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes. A Pinto le aceptaron su renuncia como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) el 21 de julio de 2014, pese a lo cual el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la Gobernación de La Guajira para las elecciones territoriales de 2015.

Pinto fue detenida en 2017 por corrupción en dos programas para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, en La Guajira. La exfuncionaria responde por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado y público. En 2018 fue dejada en libertad por vencimiento de términos.  Sin embargo, siguió vinculada a ese caso.