La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y las corporaciones públicas decidan acerca del presupuesto de inversión de la Nación, departamentos y municipios es una de las iniciativas que propone la consulta anticorrupción.

A pesar de lo bien intencionado de la medida se oyeron varias voces que piensan que puede resultar insuficiente en sus propósitos e, incluso, generar escollos.

La cuarta pregunta de la consulta anticorrupción señala ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

Partidas globales

El excontralor general de la República, Antonio Hernández Gamarra, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “sería sano votar afirmativamente la consulta con la sola excepción de la pregunta que limita el salario de los servidores públicos”.

En cuanto a la pregunta de la consulta que obliga a que en audiencia pública se desglose y priorice el presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, Hernández indicó que “evidentemente que es una parte importante pero hubiera sido más preciso si se hubiera preguntado la eliminación efectiva de los auxilios parlamentarios porque la Constitución del 91 los prohibió pero los auxilios parlamentarios han vuelto, y ese es el germen de la corrupción. Por eso es que no estoy de acuerdo con reducirle el salario a los altos funcionarios del Estado porque mientras que eso es una parte importante si se compara con una persona de salario mínimo, pero cuando se compara el valor de lo que se ganan por corrupción los corruptos y lo que se gana por salarios un congresista, pues no hay punto de comparación”.  

Añadió el excontralor general que “en el caso de lo que llaman partidas globales del presupuesto, que es lo que está ahí en la pregunta implícitamente, que eso se difunda sí, pero lo que hay que prohibir es que no haya partidas globales en el presupuesto, que todo el presupuesto sea absolutamente transparente”.

 Una de los temores que se han expresado acerca de discutir en audiencia pública el presupuesto de inversión es que termine afectando la ejecución de las administraciones.

Sobre el particular Hernández Gamarra dijo que “eso depende de cómo se reglamenten esos procesos, lo importante es que eso no se politice y se convierta en un arma de la oposición en nombre de la lucha contra la corrupción sino que sea una cosa transparente desde el punto del ejercicio presupuestal”.

Explicó que desde 1847 la ley establece que “en el presupuesto no debe haber partidas que no estén debidamente asignadas”.

Faltó un acuerdo político

Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, dijo a este Diario que “vemos que la estructura misma de la convocatoria a la consulta podría haberse ahorrado mediante un acuerdo político que ya sea escenario de las fuerzas que integran el Parlamento y el nuevo gobierno para efectos de haber superado la consulta y haber entrado directamente a las reformas legislativas y constitucionales que se derivan de la misma. Nos habríamos poder ahorrarnos esos 320.000 millones de pesos mediante simplemente un acuerdo político que ya está sobre la mesa de las fuerzas políticas del Parlamento”.

Añadió por otro lado estas normas también hubieran podido desarrollarse, “de hecho los presupuestos participativos y los esquemas de rendición de cuentas lo único que había que afinarlos mediante las reformas concretas que necesita habilitarlos”.

El Veedor ciudadano consideró que “el asunto es que no basta con el mandato abstracto sino que habría que ver cómo se implementa y de igual manera cómo se hace un seguimiento concreto a la misma. O sea de por sí no asegura la participación ciudadana decisoria y los consejos de rendición de cuentas de alguna manera ya están incluidos en la ley”.

Bustos apuntilló “es un paso pero no resuelve el tema de la corrupción éste ni la totalidad de los puntos planteados”.

Un escollo

El exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, le dijo a este Medio que “creo que eso no sirve para frenar la corrupción y obstruye el proceso de presupuestación, que es mucho más complejo que eso. Me parece que el propósito de esa pregunta no consulta la realidad de cómo está la ley de presupuesto en Colombia y cómo se hace toda la presupuestación”.

El exministro explicó que “casi que en Colombia el presupuesto se hace desde el mes de enero, en marzo se le envía al Congreso un primer listado de todas las necesidades de las entidades, para luego presentar el presupuesto en el mes de julio. Luego creo que eso obstruiría todo el engranaje de presupuestación y creo que ahí no está el problema de corrupción en Colombia”

Buena medida

El exalcalde de Medellín, Ómar Flórez, consideró que esta medida de la consulta anticorrupción es “absolutamente indispensable, máxime que nuestra Constitución habla de que Colombia es un Estado participativo. La ciudadanía reclama espacios para participar”.

No obstante, Flórez Vélez advirtió que “obviamente habrá que diseñar los controles para evitar que organizaciones criminales que se camuflan tengan acceso a esos recursos como lamentablemente se ha percibido en algunos casos, sobre todo en las grandes ciudades”.

El exalcalde de Medellín destacó también que independientemente de esta propuesta de la consulta anticorrupción “se requiere que la ciudadanía elija muy bien sus alcaldes, sus concejales, que les exijan una trayectoria de transparencia y de solvencia ética en el desempeño de sus funciones públicas. En buena parte recae también es en la responsabilidad del ciudadano al momento de elegir”.