Sigue la confrontación entre la alcaldesa, Claudia López, y el presidente, Gustavo Petro, por la posible subterranización de un trayecto del Metro de Bogotá, mientras que las entidades de control continúan manifestando sus opiniones sobre los cambios que se le hacen al contrato con el consorcio chino.

En una entrevista a El Tiempo la mandataria capitalina reafirmó que “no es factible ni jurídica ni financieramente modificar el contrato. Implicaría una adición superior al 50%, lo que está legalmente prohibido”.

Y resaltó una de las propuestas conocidas en la reunión con el presidente y los miembros del consorcio contratista: “Lo que le proponemos es que podrían adicionarse tres estaciones subterráneas, para que el Metro no pare en la 72 sino que vaya hasta la 100, donde se conectaría con la alimentadora de la 68, que estamos construyendo, y con el Regiotram del Norte”.

Ante estas declaraciones, ayer en la mañana el mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “Igual que se puede modificar el contrato adicionando tres estaciones subterráneas entre la 72 y la 100, bastante inocuas por demás, igual se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la Primero de Mayo hasta carrera 50”, insistió Petro en su red social.

Petro confirmó su viaje a China para dialogar sobre las obras que tiene ese país en el territorio nacional, una de ellas el Metro de Bogotá. “He recibido invitación del gobierno chino para dialogar sobre sus obras en Colombia y establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales. La sociedad colombiana de ingenieros asesorará en todo momento al Ministerio de Transporte”.

Y agregó: “Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje”.

De igual modo se refirió a la financiación y unas vigencias futuras destinadas por el anterior Gobierno: “Del Gobierno de Duque existen unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del Metro. Eso no es suficiente dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el diálogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra”.

En otros mensajes, el mandatario afirmó que en medio de la ejecución de la primera línea del Metro fueron expropiadas de sus viviendas diferentes familias de la capital y manifestó que con la subterranización no habría detrimento patrimonial, como en su momento lo alertó la Procuraduría General.

“En los pliegos para licitar el metro, la minuta del contrato presentado jamás obligó en su objeto al metro elevado, la cláusula la agregaron después, por tanto, la modificación del contrato es absolutamente viable, tal como se hizo con el aeropuerto El Dorado”, escribió Petro.

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Lo que dicen las dos Contralorías

En un comunicado conjunto, la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá D.C. acordaron una acción coordinada para la vigilancia y el control fiscal de los recursos endógenos y exógenos involucrados en la gestión fiscal de la Empresa Metro de Bogotá S.A., respecto de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

“La vigilancia y control fiscal que será objeto de esta acción conjunta y coordinada se realizará sobre la gestión fiscal relacionada con la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de la Primera Línea del Metro para Bogotá – Tramo 1, que comprende, entre otros aspectos, contrato de concesión, contrato de interventoría, gestión predial, traslado de redes y gerencia del proyecto. Asimismo, incluye troncales complementarias, troncales alimentadoras y primera línea del Metro”, señala el comunicado.

El proyecto compromete recursos públicos por valor de $29.570 miles de millones de pesos ($19.163 por parte de la Nación, equivalentes al 65%, y $10.407 por parte del Distrito, que equivalen al 35%).

La duración de la acción conjunta y coordinada entre las dos contralorías será hasta el 31 de agosto de 2026, o hasta que así lo decidan los contralores. La acción conjunta y coordinada tendrá una comisión de coordinación que será presidida por el Contralor Delegado para el sector de Infraestructura, de la Contraloría General de la República.