Más de mil personas han dejado sus hogares y parcelas tras hechos violentos ocurridos en 4 departamentos y 5 municipios.

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Informes sobre las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos de más de mil personas deberán entregarle a la Procuraduría General de la Nación las autoridades de cuatro departamentos y cinco municipios.

Los gobiernos deberán dar cuenta de qué han hecho tras los hechos violentos ocurridos en el bajo Cauca, Nariño; sur de Córdoba, Caucasia, Antioquia, y en los límites entre Boyacá y Casanare.

A través de un comunicado, el Ministerio Público anunció que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó al gobernador de Nariño, Camilo Romero, y al alcalde de Magüi Payán, Walter Quiñones, así como a los comandantes de la Tercera División del Ejército, general Jorge Horacio Romero, y de la Policía de Nariño, coronel Haidiber Restrepo, informes sobre las medidas que tomaron para proteger a la población y evitar el desplazamiento.

Así mismo, le pidió a la Gobernación de Córdoba; al alcalde de San José de Uré, Luis José González, y a los comandantes de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda, y de la Policía Córdoba, coronel Marcelo Napoleón Russi, informar sobre el conocimiento de amenazas y medidas de protección para preservar la vida del líder comunal y “presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Pedrito de San José de Uré, Córdoba, y de la población para evitar el desplazamiento de 75 familias (375 personas) por amenazas por parte del grupo “Caparrapos” y enfrentamientos entre ellos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

El ente de control también requirió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a los alcaldes de Cáceres, José Mercedes Berrío, y de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, así como a los comandante de la Séptima División del Ejército, general Jorge Arturo Salgado, y de la Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra, sobre las acciones tomadas para proteger a 149 familias (383 personas) del pueblo Zenú y de comunidades campesinos en los municipios de Cáceres, Antioquia, y 25 familias (125 personas) de la vereda de Puerto Colombia del municipio de Caucacia, debido a la presencia de hombres armados en estas regiones, además del riesgo de un posible desplazamiento de otras 350 familias residentes en la zona.

La Procuraduría, igualmente pidió al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, al alcalde de Paya, José Roldan Maldonado, y a los comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Agustín Carvajal, y de la Policía Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez, un informe de las acciones para proteger la vida de tres familias que abandonaron sus viviendas luego de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln, motivo por el cual otras personas de la comunidad de Paya se encuentra en riesgo de desplazamiento forzado.

El Ministerio Público evaluará las respuestas de los entes territoriales para definir la procedencia de acciones disciplinarias, si hubiere lugar.