Los obispos del país reunidos en la asamblea plenaria del episcopado colombiano, que termina este viernes, tratan de buscar respuestas al rebrote de la violencia en Colombia.

Uno de los aspectos, dijeron, es que las zonas dejadas por la guerrilla de las Farc han sido ocupadas por el Eln y por las bandas criminales.

El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, expresó que “es muy grave” lo viene ocurriendo y puso como ejemplo Buenaventura, donde se han venido presentando amenazas “a personas con nombres propios en diferentes barrios de la ciudad, por medio de un audio que circula en las redes, donde los amenazan de muerte”.

Dijo que este hecho desestabiliza gravemente la convivencia y la tranquilidad de las gentes y manifestó que también son preocupantes los acontecimientos del Naya, en los límites del Valle  y el Cauca.

“Hay amenaza y algunas retaliaciones de grupos paramilitares en Trujillo, Valle, en contra de organizaciones de víctimas de la masacre de Trujillo”, sostuvo.

Agregó que todo eso se suma a la violencia urbana en Cali y en Palmira. Anotó que en el Valle del Cauca hay reductos del Eln en los sectores occidentales del Valle, sobre todo en la vía hacia Buenaventura y en la región del Naya.

“Lo que queremos es que estas tres piezas para el desmonte del conflicto armado en Colombia -es decir el acuerdo de La Habana, la mesa de diálogo con el Eln y la implementación de la ley de acogimiento de las bandas criminales- se conviertan en herramientas de Estado para acabar con este fenómeno”, expresó.

Llamado al Gobierno

Para el arzobispo Monsalve, este es un momento para que tanto el gobierno saliente como el entrante, debieran tener claridad de lo que está ocurriendo en el país. “Yo quisiera pensar que esto no tenga relación con el acaecer político nacional, pero me temo que haya mentes calenturientas cuyo odio no tiene límites”.

Manifestó el prelado que es necesario que el Ejecutivo sea una voz clara y contundente para frenar esta ola de amenazas.

Puntualizó que el proceso de la implementación de los acuerdos se ha retrasado, provocando desajustes e incumplimientos.

En Tumaco

El obispo de Tumaco, Orlando Olave, explicó que el panorama en su zona es de mucha complejidad, ya que existe una presencia fuerte del fenómeno del narcotráfico que ha venido permeando por la sociedad y por la gente de la sociedad.

Frente a la muerte de líderes sociales manifestó que es un fenómeno con muchas aristas y en ocasiones no es fácil interpretar las causas. “La zona de frontera es una zona de abandono, donde se han metido todos los problemas del país por falta de oportunidades, y es una zona que debería ser una zona de desarrollo”.

Manifestó que se tiene que mirar la región como una oportunidad para desarrollar sur del país.

Sustitución de Cultivos ilícitos

Frente a la sustitución de los cultivos ilícitos, el obispo Olave explicó que esta es una de las realidades más complejas, pero anotó que en la costa Pacífica se ha fallado en encontrar unos mecanismos, de escuchar a las comunidades y mirar de qué manera solucionar.

“Esta zona tiene unas particularidades, en tema de la cultura afro, en el tema de los indígenas, en el tema del concepto de territorio, y eso ha impedido que fuerza de las sustitución se tengan como en otras zonas”, precisó.

En Buenaventura

A su turno, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Montoya, se mostró preocupado por la situación del Pacífico, pero anotó que el problema en su zona es básicamente por el narcotráfico que todos los días aumenta, los cultivos siguen aumentando y todo lo que tiene que ver con la extorsión.

Frente al tema de la implementación de acuerdos de paz dijo que “allá francamente no se ha podido lograr que las personas tengan proyectos productivos. Las personas están muy tristes porque si van a comenzar fumigaciones no van a haber sustitución, y la gente no sabe qué hacer y se están desplazando”.

Situación chocoana

Los obispos de Quibdó, Apartado e Itsmina (Juan Carlos Barreto, Hugo Alberto Torres y Mario de Jesús Álvarez, respectivamente) expidieron un comunicado de prensa en el que señalan que el Gobierno colombiano ha avanzado poco en la implementación de los acuerdos con las Farc y ha desconocido el Capítulo Étnico; tampoco ejerce control integral en los territorios dejados por las Farc, sumiendo a los pobladores del departamento en gran indefensión, a merced de grupos paramilitares, Eln y otros actores armados.

Los prelados advirtieron que “en los grandes centros urbanos del departamento la tasa de homicidios supera el promedio nacional; en ellos actores armados ilegales ejercen control territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores sistemáticamente, construyen fronteras invisibles, imponen horarios para la movilidad de sus pobladores, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico, utilizan a niños y adolescentes como informantes (campaneros) y con mucha frecuencia violan a menores de edad”.

Señalan los obispos que “es evidente” la presencia del autodenominado Clan del Golfo “que ocupa y disputa territorios étnicos”, reiterando que el Eln, en los últimos meses, ha incrementado su presencia en todas las subregiones del Chocó.

Los prelados les hicieron un llamado al Eln y al Gobierno nacional para “que asuman las exigencias del Acuerdo Humanitario” y además “establezcan un cese al fuego bilateral de forma urgente, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Tras recalcar en la necesidad para que los organismos de control ejerzan con mayor eficacia su responsabilidad frente a la protección de los Derechos Humanos de los habitantes del departamento, los obispos puntualizaron que el otro llamado es al Gobierno para que garantice la libre movilidad, la seguridad integral a lideresas y líderes, comunidades y organizaciones en el territorio chocoano.