Por SaludCoop chocan Minsalud y Contraloría | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 11 de Julio de 2018
Redacción Nacional

Luego de los anuncios de la Contraloría General de la República de hallazgos fiscales por más de 80.000 millones contra Guillermo Grosso, quien se desempeñó como interventor de Saludcoop, por considerar que sobrepasó los gastos de administración de la EPS, el Ministerio de Salud precisó que este hallazgo obedece a una confusión contable.

A través de un comunicado, el ministro Alejandro Gaviria sostuvo que “estamos ante una discusión meramente contable. Aquí no hay ninguna evidencia de corrupción. Y menos de desviación de recursos públicos. En estas materias, creo, es importante conocer el fondo de los problemas y evitar acusaciones temerarias y juicios apresurados”.

Según Gaviria, la Superintendencia de Salud aclaró, en su momento, que las nuevas provisiones para efectos de saneamiento contable podrían contabilizarse como un mayor gasto administrativo sin afectar el límite legal de 10 por ciento impuesto por la Ley 1438.

En su comunicación, el Ministerio señaló que “el sector salud ha venido en un proceso de depuración de sus cuentas desde hace varios años, ordenado por el decreto 2702 de 2014. Además, que en proceso dispuso, entre otras cosas, que las EPS deberían provisionar las cuentas por cobrar al Fosyga, hoy Adres, mayores a 360 días”.

 

La Contraloría

La investigación realizada por la Contraloría señaló que a través de una indagación preliminar se confirmó un hallazgo fiscal por más de 80.631 millones de pesos, tal como se había evidenciado en una auditoría concluida a finales de 2016 (sobre la vigencia 2015) a la entonces intervenida empresa, hoy en liquidación.

Según la Contraloría, Tales recursos debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados de la EPS y, en su lugar, fueron invertidos en gastos de administración.

Se trata de hechos nuevos, distintos a los que en su momento dieron origen al millonario Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría contra Saludcoop EPS.

En este caso, la Contraloría determinó que la EPS Saludcoop sobrepasó en más de 80.631 millones de pesos el tope de los recursos destinados a Gastos de Administración.

Por la naturaleza de las irregularidades encontradas en la auditoría, se decidió llevar a cabo una Indagación Preliminar, que concluyó confirmando el mencionado hallazgo.

El informe técnico de la Contraloría que soportó la indagación preliminar concluyó que la cuantía de los recursos recibidos por la EPS Saludcoop en Intervención por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), durante la vigencia 2015, ascendió a 2,63 billones de pesos tomando como base el Estado de Resultados del periodo 1 enero a 30 de noviembre de 2015.

La hasta entonces intervenida EPS Saludcoop entró en liquidación forzosa el 1 de diciembre de 2015, por lo que la auditoría de la Contraloría cubrió la vigencia 2015 hasta esa fecha (del 1 enero al 30 de noviembre).

El informe técnico ratificó que, durante el periodo auditado, Saludcoop EPS en Intervención efectuó Gastos Administrativos que “representan el 15,4 por ciento de los ingresos de la UPC, superando el límite establecido en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011 (…)”.

 

Detrimento

Para la Contraloría, los hechos evidenciados constituyen un detrimento a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posición que no sólo la Contraloría ha venido reiterando, sino que ha sido ratificada tanto por la Corte Constitucional, como por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Ya la Corte en Sentencia C-549 de 2004 había afirmado que “las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud se erigen como contribuciones parafiscales (…), pues constituyen un gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuya destinación específica es financiar ese mismo Sistema, con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad”.

Por lo anterior, los recursos del sistema no son propios de las EPS, sino que se trata de recursos públicos que deben destinarse a la prestación del servicio público de salud, por lo que no se pueden destinar a fines diferentes.