En medio de la polémica que hay en el país entre los gobiernos nacional y algunos municipales sobre los efectos vinculantes o no de las consultas populares que se han adelantado en varias regiones contra la minería por sus efectos sobre el medio ambiente, se conoció ayer la primera medida de una autoridad para hacer efectiva la voluntad expresada por los ciudadanos en la urnas.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por medio de una resolución determinó que a partir de la fecha no concederá licencias ambientales, permisos, concesiones o cualquier autorización para el uso de recursos naturales en la jurisdicción del municipio de Cajamarca si estos tienen como finalidad la ejecución de proyectos o actividades de gran minería, minería formal o de las demás modalidades que trate el Código Minero.

Se trata de la Resolución 1963 del mes de julio de 2018 que da cumplimiento a la consulta popular de Cajamarca del 26 de marzo de 2017, cuando 6.165 ciudadanos dijeron No a la ejecución de proyectos y actividades mineras en su municipio y 76 votos fueron por el Sí.

Cortolima señaló que “procede a dar cumplimiento al mandato resultante de la consulta popular adelantada en el municipio de Cajamarca del día 26 de marzo de 2017, adoptada formalmente mediante Acuerdo N° 003 de/2017  por parte de Concejo municipal de Cajamarca”.

Añade la autoridad ambiental de este departamento que “por lo tanto, la consulta popular de Cajamarca es obligatoria y vinculante frente a todas las autoridades administrativas en cuanto a la imposibilidad de adelantar proyectos y actividades de minería en su territorio”.

Agrega que Cortolima como autoridad ambiental está obligada a dar cumplimiento a esta decisión popular en lo relacionado con su competencia y sobre las actuaciones administrativas que en cumplimiento de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad deba articular, armonizar o realizar en conjunto con el municipio, el departamento u otras autoridades administrativas nacionales”.

No obstante Cortolima aclaró que “como el uso del suelo y zonificación del área de Cajamarca debe modificarse en virtud de la consulta popular, una vez se adopte el Esquema de Ordenamiento Territorial —EOT- y sus determinantes ambientales, los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones otorgados o por otorgar por Cortolima, relacionados con proyectos o actividades mineras, deben ser objeto de revisión técnico- jurídica mientras ello ocurre, teniendo como precedente el resultado de la consulta popular”.

Añadió que como lo han establecido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional las licencias, permisos o concesiones en materia ambiental, minera o urbanística, son actos provisionales, siempre subordinados al interés público y al cambio del ordenamiento jurídico en materia de usos del suelo, no constituyen derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, las que no pueden existir en actos administrativos sometidos a condiciones legales y reglamentarias.

Tras conocerse los resultados de la consulta popular en Cajamarca en marzo pasado, el ministro de Minas, Germán Arce, indicó que “la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás (…) Esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”.

En tanto que en abril pasado en una audiencia pública que realizó la Corte Constitucional a raíz de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Meta que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral en la que ganó el ‘No’, el Ministro de Minas dijo a la Sala Plena que la minería ha sido vital para las finanzas del Estado pues representan un 9 % del producto interno colombiano y el 46 % de la inversión extranjera. “Se han generado 200.000 empleos directos. Los ingresos petroleros, que incluyen dividendos e ingresos tributarios, le han dejado a la Nación una cifra cercana a los 107 billones de pesos. La renta petrolera representó, en promedio, entre el 2007 y 2017, un 12% de los ingresos corrientes de la Nación, y un 29% del presupuesto total de inversión del Presupuesto General de la Nación”, dijo.

 “Prohibir actividades del sector afectaría la prestación de servicios públicos de energía eléctrica y de gas”, señaló el ministro Arce.

Mientras que el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, planteó en la Corte la necesidad de que exista un equilibrio entre la autonomía territorial y la potestad del Estado sobre la exploración y la explotación de los recursos del subsuelo.