La Procuraduría General de la Nación suspendió por cinco meses a la alcaldesa de Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por irregularidades en un proceso contractual durante la emergencia del covid-19, por valor de $ 125.756.280.

De acuerdo al ministerio público, se comprobó que la mandataria local suscribió el Convenio de Asociación No. 20030103, con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, a pesar del aislamiento obligatorio que los cobijaba, y sin que la institución tuviera la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.

Por lo que determinó que se “pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación, con las hojas de vida de las personas que fueron vinculadas al proyecto, pese a que en estas no se encontraron ni trabajos, ni actividades, ni los estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado y apoyo de adultos mayores”.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que la alcaldesa debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, “las cuales derivaban en la no contratación de actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos de ley”.

Es así, que para el ente de control Claudia Alba quebrantó los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, y lo calificó la falta de la alcadesa como gravísima a título de culpa grave, por lo que tendrá que apartarse del cargo de manera inmediata.

La defensa de la disciplinada interpuso recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.