La administración Duque incluye nuevos artículos en esta norma que viene desde 1997

Una de las damnificadas hasta el momento en su discusión a causa de la prioridad que han tenido en las comisiones primeras del Senado y la Cámara la reforma a la justicia y la reforma política, e incluso algunos proyectos anticorrupción, es la prórroga por cuatro años más de la Ley de Orden Público, a la cual el Gobierno le dio mensaje de urgencia, pero a pesar de ello no arranca.

Esta norma establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y brinda instrumentos para el fortalecimiento de la seguridad.

El problema que se le presenta a la administración Duque con la Ley 418 es que sus prórrogas vencen el 18 de diciembre de este año, razón por la cual explica la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, en la parte motiva de esta iniciativa de ley, que “el Gobierno nacional propone extenderla, en el entendido que es necesario enfrentar y derrotar de manera definitiva la ilegalidad, entendida como aquellos que operan por fuera del marco legal y atentan contra nuestro orden público. Sin esta importante herramienta jurídica el Gobierno encontraría mayores obstáculos para la consolidación de la política de seguridad en las ciudades, así como en las áreas rurales y no podría responder de manera oportuna, efectiva e integral a las acciones de los grupos armados al margen de la ley y a las dificultades que surgen en los casos de alteración del orden público”.

Desde 1997 la Ley 418 ha sido prorrogada indefectiblemente cada cuatro años por los distintos gobiernos.

En el caso de la administración Santos la prórroga de esta norma fue fundamental para la negociación de paz con la entonces guerrilla de las Farc.

En lo que toca al gobierno Duque, si bien su prórroga sería necesaria en caso de que decida sentarse a negociar con el Eln, de igual forma incluye nuevos artículos orientados a tener más dientes para luchar contra la criminalidad.

Artículos nuevos

Entre los artículos nuevos que contempla la prórroga de la Ley de Orden Público está el que crea el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo.

“El Centro se crea como una instancia permanente con el objetivo de perseguir y desmantelar las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación del terrorismo, a través del trabajo conjunto y coordinado de la Fuerza Pública, los organismos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, en el marco de cada una de sus competencias. La Secretaría Técnica del Centro será ejercida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El Gobierno nacional reglamentará la composición y funcionamiento del Centro”, señala la iniciativa.

Otro artículo nuevo indica que el Consejo de Seguridad Nacional establecerá las condiciones que son requisitos para adelantar diálogos conducentes a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración de un grupo armado organizado al margen de la ley.

En cualquier caso, será indispensable la “demostración de la voluntad de disolución del aparato armado, su desarme absoluto y la reinserción efectiva a la vida civil por parte del grupo armado organizado al margen de la ley y de sus miembros, para lo cual se requiere la realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de acuerdos, tales como, la liberación de los secuestrados, el cese de actividades criminales, la terminación de la vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico, el final del reclutamiento de niños y jóvenes menores de 18 años, los ataques a la infraestructura estratégica, las acciones terroristas y la manifestación inequívoca de compromiso de entregar todos los bienes lícitos e ilícitos que pertenezcan a la organización y a sus miembros, individualmente considerados, con el fin de que sirvan para la reparación de las víctimas”.

Otra novedad en esta Ley sería que todas las armas de fuego, como requisito para su comercialización y las que hayan sido amparadas en cualquier tiempo, con permiso de tenencia, porte y especiales, deberán ser empadronadas conforme a la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno nacional. Créase el Registro Nacional de Identificación Balística a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Los costos de empadronamiento e inscripción en dicho Registro corresponderán al solicitante.