Una complicada situación laboral se está presentando al interior de la Unidad Nacional de Protección, según han manifestado algunos escoltas de la entidad.

Ante esto, el Gobierno confirmó la designación de un grupo de inspectores del Ministerio del Trabajo que evaluará la situación.

Sin embargo, hasta el momento a las afueras de la institución cerca de 100 trabajadores están protestando en busca de garantías laborales para las personas que brindan los servicios de protección a líderes, políticos y periodistas amenazados. 

Este martes, el director de la UNP, Pablo Elías González, negó que se esté cocinando un paro o un cese de actividades.

"En este momento no hay cese de actividades en la UNP y estamos verificando a nivel nacional con cada uno de los protegidos, si se les está prestando el servicio o no", manifestó el funcionario.

Agregó que "dentro de los contratos existe la provisión necesaria para efecto del pago de horas extra, recargos nocturnos, dominicales, está provisto todo, el gobierno nacional y la UNP no puede violar las normas laborales".

Sin embargo, los sindicatos afirman en que el problema está en que cuando los envían cubrir algún esquema de seguridad en otro lugar, no les pagan de manera oportuna los gastos del viaje y se ven obligados a "rebuscar" para poder "sobrevivir" en los territorios. Además, según lo explican, los giros de esos pagos se tardan meses en llegar. 

Otro de los problemas radica en el déficit en la gestión de recursos de la entidad debido, según los sindicatos, a la falta de planeación. La plata de escoltas ha crecido en los últimos años en un 60 por ciento.

Por último, desde la UNP aseguran que están a la espera de que el Congreso apruebe una adición presupuestal.