Una demanda que pretende anular el decreto presidencial para confiscar cualquier dosis de estupefacientes, entre ellas las de aprovisionamiento, fue radicada este jueves por el abogado Camilo Forero ante el Consejo de Estado.
El jurista afirma que el Gobierno no tiene competencia para reglamentar estas materia, ya que, a su juicio, se viola el derecho libre al desarrollo de la personalidad.
"Es claro que en el ordenamiento jurídico colombiano están proscritas todas aquellas normas, mandatos o deberes que pretendan prohibir o sancionar en forma alguna el porte o la tenencia de sustancias estupefacientes cuando las mismas estén destinadas para el consumo o aprovisionamiento personal por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad"
Ante tal situación, afirmó que "quisiera poner a consideración del Despacho la falsa motivación y la falta de competencia del Gobierno Nacional para reglamentar la incautación y destrucción de bienes como consecuencia de una conducta que no se encuentra tipificada como infracción en el Código de Policía, a saber la simple tenencia o porte de sustancias estupefacientes para consumo y/o aprovisionamiento personal".
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Por otro lado, este miércoles, la representante a la cámara por Bogotá, Katherine Miranda, también radicó una demanda ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a fin de remover el artículo del decreto que reglamenta el Código de Policía.
Recordemos que en el mismo, además de permitir el decomiso de cualquier droga, también se permiten multas de hasta 208.000 pesos, dirigidas a aquellos que porten o consumas estupefacientes en espacios públicos.
Radiqué demanda en @consejodeestado y @CConstitucional por el decreto de #DosisMínima @IvanDuque desconoce la Constitución, es una medida arbitraria, vulnera ciudadanos y retrocede 25 años en materia de derechos. No más prejuicios, NO discriminación, necesitamos MÁS PREVENCIÓN pic.twitter.com/ywNWi8bMpj
— Katherine Miranda (@MirandaBogota) 2 de octubre de 2018
Según Miranda, "este decreto significa un retroceso en la concepción Estatal que se ha desarrollado sobre la dependencia a las sustancias psicoactivas y el derecho a la salud".
Por ello, considera que vulnera los artículos 1, 2, 13 y 49 de la Constitución, ya que no le da un trato digno a los consumidores de sustancias psicoactivas, poniendo en riesgo sus vidas, honra, bienes, derechos y libertades.