Radicaron los ministerios del Deporte y de Justicia un proyecto de ley que propone aumentar la penalización de quien formule, suministre, administre o aplique a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método prohibido en el deporte. De momento, la norma sólo aplica si el medicamento produce dependencia o induce al consumo.

La iniciativa pretende atacar de forma integral el problema del dopaje, con mecanismos penales, administrativos y de prevención que involucren a entidades como la Dian, las superintendencias e Invima. Por lo tanto, las penas irían de 24 a 72 meses de prisión y las multas serían de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Según el proyecto, la pena se aumentará hasta en la mitad cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad o se realice mediante engaño o coacción y cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad o poder sobre la víctima. 

“Las políticas antidopaje en Colombia se habían quedado rezagadas con los instrumentos internacionales y, después de un arduo trabajo junto a Minjusticia, llegamos a la conclusión de que esta reforma es vital para el deporte colombiano; además, compagina este momento con la recertificación del laboratorio de dopaje en Colombia, que es uno de los más importantes de Latinoamérica”, resaltó el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena.