Al revivir la propuesta de impulsar un referendo para imponer el castigo de cadena perpetua para los violadores de niños, el presidente electo Iván Duque también reavivó la polémica que desde hace años genera ese planteamiento en el país.

Efectivamente, mientras por un lado algunas personas aplauden la iniciativa, otras consideran que si se aplicaran con severidad las normas existentes se lograrían penas ejemplares para castigar a los violadores.

En su reunión con los alcaldes, Duque los invitó a construir “una propuesta de una vez para que, como sociedad, al unísono en el proceso electoral del 2019, podamos ir como ciudadanos a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia”.

El exfiscal Mario Iguarán dijo que él siempre ha sido un defensor acérrimo de esa clase de sanción para los abusadores de menores de edad, “en atención a que no sólo el delito es el peor, el más ofensivo de los ataques que se le pueda hacer al ser humano, sino porque está demostrado, incluso científicamente que estas personas no se resocializan”.

Iguarán sostuvo que otro tipo de soluciones, como es la castración química, no sirve porque abusan de los niños de otra manera, incluso de forma peor.

En cambio, el también exfiscal Alfonso Valdivieso manifestó que él no estaría de acuerdo en impulsar la cadena perpetua o a la pena de muerte.

“Creo que desde luego debe aplicar son severidad”, explicó, “los parámetros de justicia, penas y condenas efectivas, pero regresar a la cadena perpetua que ya está prohibida en Colombia, es algo que no se compadece con la política criminal”.

El jurista señaló que para una mayor severidad no tiene sentido regresar a un tipo de penas que ya fueron superadas, “pero sí sería partidario actuar con rigurosidad frente al delito”.

Con la cadena perpetua no solucionaría esa problemática del abuso hacia los niños, explicó Valdivieso.

A su turno, el exvicefiscal Francisco José Sintura señaló que la cadena perpetua no está permitida en la Constitución y eso implica toda una reforma constitucional.

“La cadena perpetua para el Estado, en la medida de que a la persona hay que alojarla y pagarle los gastos, la comida y salud, demás, desde el punto de vista del erario público es una carga muy importante”, anotó, precisando que para los casos de violación de niños se tienen penas importantes de casi 60 años, que en la práctica se convierte en una cadena perpetua.

Para Sintura, “lo que se debe mirar es que la ley se cumpla, y eliminar la cantidad de premios y rebajas que hacen que el juez esté ‘preso’ de la ley, más que el propio delincuente”.

Tras reiterar que lo que se debe hacer es evitar tantas rebajas de penas que trae la legislación, Sintura se mantuvo en que “el mecanismo no es la cadena perpetua”.

En un sentido similar se pronunció el exfiscal Luis Camilo Osorio, quien considero que en Colombia ya hay penas altas y 60 años es suficiente en muchos casos. Recalcó que lo que se tiene es que aplicar las penas existentes. “Desde luego que hay un clamor de aplicarlas drásticamente”, comentó.

Tras las declaraciones de Duque, el saliente representante por Bogotá, Efraín Torres, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le pidió al presidente electo tramitar un proyecto a través del Congreso y no mediante un referendo.

“Es de aplaudir que el nuevo gobierno liderado por Iván Duque quiera impulsar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños pero el presidente electo debe jugársela impulsando la iniciativa a través del Congreso para que su aplicabilidad sea lo más pronto posible”, consideró Torres. “El llamado es para que busquemos consensos para que esta iniciativa sea una realidad”, agregó.

Torres, autor de un proyecto de acto legislativo sobre ese tema, tras expresar al anuncio hecho por Duque de impulsar la medida que endurecería las penas para ese tipo de criminales, exhortó al nuevo Gobierno para que la medida no sea aplicada por referendo, ya que un referendo sobre el tema sólo tendría cabida hasta 2019 y no podría realizarse junto a otra elección según la ley 1755 del 2015, lo que dispararía su costo.

“Tramitar esta iniciativa debe ser una prioridad para el próximo gobierno y se deben buscar consensos para que se realice a través del Congreso, que es el camino más expedito”, manifestó Torres, explicando que “un nuevo referendo sobre el tema sólo puede retomarse hasta el año 2019, pues el anterior fue iniciado en 2017 y según la ley deben pasar al menos dos años para inscribir un nuevo comité promotor. En segundo lugar, la ley 1755 de 2015 en su artículo 33 dice este referendo no se podría llevar a cabo junto a una elección, por ejemplo la de alcaldes y gobernadores el próximo año. Realizar sólo el referendo podría costar cerca de 300.000 millones de pesos”.

“Cada hora dos niños son violados en el país y anualmente se presentan más de 18.000 casos. Se necesita urgentemente una acción rápida del Estado para lograr que esta situación se detenga. Endurecer las penas para violadores y asesinos de niños debe ser una prioridad, así como también las políticas que prevengan este tipo de delitos. Es por eso desde hace ocho años hemos promovido una reforma integral para la protección de la niñez que involucre un banco de ADN para abusadores y el proyecto de infanticidio para endurecer las penas de aquellos que asesinan a un niño”, declaró Torres.

Entre tanto, el vocero del Partido Conservador en el Senado, Juan Diego Gómez, resaltó que “debemos promover la protección de la familia y de los niños y que el presidente electo haya propuesto el tema es un llamado a todos los partidos para tener mayor sensibilidad en esta materia. En el Partido Conservador apoyamos a Gilma Jiménez y a su hija con esta propuesta y creo que todos los partidos debemos hacerlo en esta oportunidad”.