Revocar sanción contra Alberto Merlano Alcocer pide Superindustria | El Nuevo Siglo
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) solicitó revocar la sanción de 240 millones de pesos impuesta a Alberto Merlano Alcocer por prácticas restrictivas de competencia en su gestión en el Acueducto de Bogotá. / Foto: Superindustria
Martes, 28 de Enero de 2025
Redacción Web

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) solicitó la revocatoria de la millonaria sanción impuesta a Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama Verónica Alcocer. La multa de 240 millones de pesos fue inicialmente impuesta en 2014, como consecuencia de prácticas restrictivas de competencia durante su gestión como presidente del Acueducto de Bogotá, en el marco del controvertido cambio de modelo de recolección de basuras en la capital del país.

En su solicitud presentada el 5 de noviembre de 2024, Merlano Alcocer argumentó que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, alegando violaciones al debido proceso. A esta solicitud se le dio seguimiento en diciembre del mismo año, con la presentación de un complemento en la que se buscaba revocar su responsabilidad.

La decisión de la SIC ha causado controversia debido a las renuncias de dos funcionarios clave de la entidad: Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra. Ambos denunciaron presiones para revocar la sanción y, en consecuencia, decidieron abandonar sus cargos. Los exfuncionarios, quienes formaban parte del comité que evaluó el caso, alegaron que su participación en el proceso estaba siendo comprometida por intereses externos, lo que generó un conflicto ético dentro de la SIC.

El caso de Merlano ha estado envuelto en una atmósfera de sospechas debido a su relación familiar con la primera dama y las especulaciones sobre un posible nombramiento como presidente de Ecopetrol, lo que ha sumado tensión política al caso.

El proceso, que involucra la anulación de la sanción, aún está pendiente de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual tendrá la última palabra sobre si se revoca o no la decisión tomada por la SIC. En medio de estas controversias, la Superintendente Cielo Rusinque defendió el trámite administrativo y subrayó que corresponde a los jueces decidir, garantizando que la solicitud no busca favorecer intereses políticos o personales.