Hasta el próximo 19 de julio la Corte Suprema de Justicia retomará el proceso de elección de los siete magistrados que faltan para integrar las nuevas Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia, como lo dispuso el Acto Legislativo 1 de 2018 para efectos de garantizar la doble instancia a los congresistas.

En la Sala Plena de ayer no se alcanzó el consenso para la escogencia de los togados que restan.

Un total de 194 aspirantes  a magistrado de la Corte Suprema fueron preseleccionados por el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar las 9 plazas en las dos salas que fueron creadas para efectos de garantizar la doble instancia a los congresistas.

Para la Sala Especial de Instrucción el Consejo Superior de la Judicatura conformó un listado con 130 postulados a magistrado que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria que abrió el pasado 12 de febrero para las seis plazas creadas; en tanto que  para la Sala de Primera Instancia conformó un listado con 64 aspirantes a los tres cargos creados.

En días pasados la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió para hacer parte de la Sala de Primera Instancia a los juristas Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas.

Es decir que falta por elegir un magistrado para la Sala de Primera Instancia y los seis de la Sala Especial de Instrucción.

Colombia era de los pocos países que no contaba con la garantía de la doble instancia para sus congresistas investigados en materia penal, como sí la tienen el resto de colombianos.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte.

Mantiene competencia

Varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia han considerado que se presentó un limbo por esta reforma constitucional que garantiza la doble instancia en los procesos penales a los congresistas, pues el Congreso de la República no tuvo en cuenta un periodo de transición para los procesos que vienen en marcha.

El exmagistrado Augusto Ibáñez indicó sobre los efectos por la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, que “los procesos o se pueden paralizar y la reforma se debe entender hacia el futuro, lo que quiere decir que no se pueden revivir procesos, los trámites que se iniciaron deben culminar con el trámite anterior”.

Frente a estas apreciaciones el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo que “no es esencia de las leyes dar un plazo para empezar a andar”; mientras que el pasado 22 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que no pierde la competencia de los procesos que vienen en marcha mientras que se establece el nuevo esquema.

Así lo indicó la Sala Penal en la reanudación del juicio al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. El togado José Francisco Acuña, ponente en este proceso, explicó que “la Sala va a decir que conservamos la competencia para juicios que ya han iniciado, de modo que esa es la razón por la que estamos nosotros reanudando la audiencia”.