Un acuerdo entre la Fiscalía y el exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, habría llegado a un punto muerto, según trascendió ayer en medios judiciales.

El acuerdo que venía negociándose hace varias semanas pactaba dejar por fuera de la acusación el delito de enriquecimiento ilícito, a cambio de lo cual Prieto aceptaba los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado, con lo que lograría una rebaja de hasta la mitad de la pena.

La Fiscalía le imputó a Prieto cargos por sus gestiones en la Ruta del Sol III, específicamente, en el contrato para los estudios y diseños del Puente Largo en el municipio de Plato, Magdalena, en manos del concesionario Yuma.

El interés indebido que estaba dispuesto a admitir Prieto implicaba reconocer que intervino en forma irregular para que la Ruta del Sol III le fuera adjudicada a Yuma. Aunque para la Fiscalía esta adjudicación debía hacerse convocando una licitación pública, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó ilegalmente un otrosí con el mencionado consorcio.

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La falsedad en documento privado se configuró a través de una factura falsa por 650 millones de pesos de la empresa Megaland para cobrar el soborno por gestionar el contrato para los diseños del puente entre Plato y Zambrano, Magdalena.

Según la Fiscalía, las gestiones ilegales de Prieto buscaban tapar huecos en los gastos de la campaña Santos Presidente y que por eso contactó a los italianos de Impregilo ofreciéndoles sus influencias en la ANI para que lograran mejores condiciones en sus negocios.

Aunque Prieto inicialmente se declaró inocente, el juez lo envió a la cárcel Modelo preventivamente al considerar que en libertad podría manipular del proceso.

Este caso también involucra al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, a quien le imputarán cargos el 28 de septiembre.