La actividad que se percibe con mayor vulnerabilidad al lavado de activos y la financiación del terrorismo es la del sector de inmobiliarias y edificaciones (43 por ciento), según los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo (ERR 2018), elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Le siguen comercio al por mayor y al por menor (37 por ciento), juegos de suerte y azar (33 por ciento), construcción y obras civiles (31 por ciento) y entidades sin ánimo de lucro (25 por ciento).

En el ámbito nacional, dentro de las cinco principales actividades ilícitas que los encuestados destacan como la mayor amenaza en su región son la corrupción con un 67 por ciento, seguida del narcotráfico con un 58 por ciento, al contrabando le corresponde el tercer lugar con 57 por ciento, seguido por la extorsión con 44 por ciento y la evasión tributaria con 38 por ciento.

Los resultados se dieron a conocer este jueves en Medellín, donde el Ministerio de Justicia, la UIAF y la agencia International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) instalaron los diálogos regionales para el fortalecimiento de la prevención y la cultura anti lavado de activos en Colombia.

El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina, y el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa.

Al evento acudieron cerca de 300 oficiales de cumplimiento de todos los sectores de la economía nacional, así como los representantes de entidades públicas y privadas de la región del eje cafetero.

Al divulgar los resultados ERR 2018, Espinosa explicó que es un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

“El objetivo de las ERR de la UIAF es que sean utilizadas como referente para la construcción de matrices de riesgo y la actualización o validación de los sistemas de administración del riesgo”, aseguró Espinosa.

La ERR 2018 es el segundo reporte de este tipo que publica la UIAF. Con los resultados arrojados, la entidad ha logrado actualizar el mapa de riesgos en el país como parte de un trabajo cardinal para la implementación de proyectos de prevención del LAFT con enfoque regional.

Por su parte, el Ministerio de Justicia presentó los avances del Estatuto de Prevención y Lucha Contra las Finanzas Ilícitas (ECOFI), y realizó el lanzamiento oficial del proyecto “Diálogos regionales para el fortalecimiento de la prevención y cultura anti lavado de activos”.

Según el viceministro Medina, “los diálogos regionales buscan incluir una mirada territorial -a través del diálogo con actores locales de los sectores público y privado- para contribuir a determinar los problemas e identificar las acciones o medidas para atenderlos”; esto se convierte, además, en un insumo fundamental para el ECOFI.

La ERR refleja los resultados de una encuesta de percepción en la que participaron más de cinco mil oficiales de cumplimiento de todo el país, así como funcionarios de las entidades públicas a nivel territorial.

Una vez se comparan los resultados de 2018 frente a los de 2017, se observa que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión continúan siendo las actividades ilícitas que representan mayor amenaza para el país.

Las actividades que se perciben con mayor vulnerabilidad al lavado de activos y la financiación del terrorismo en el Eje Cafetero son las inmobiliarias en un 50 por ciento, la explotación de minas y canteras con un 43 por ciento, juegos de suerte y azar en un 42 por ciento, y ganadería con un 40 por ciento.

Con respecto a la percepción de las amenazas, en la región cafetera el narcotráfico se lleva el primer puesto con un 77 por ciento, seguido de la corrupción con un 62 por ciento, el contrabando con un 61 por ciento y la extorsión 57 por ciento.

Según Espinosa, “aunque los oficiales de cumplimiento del eje cafetero son quienes implementan más medidas en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aún deben aplicar medidas de debida diligencia intensificada a las transacciones relacionadas con países de alto riesgo”.