Polémica por entrada en vigor del decreto ley 538. EL NUEVO SIGLO habló con Federación Médica y otros gremios al respecto

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Si no se proveen elementos de bioseguridad y buenas condiciones laborales, la obligatoriedad de la prestación del servicio de salud para atender la pandemia del coronavirus no se puede cumplir, advirtieron las asociaciones médicas.

A través del decreto ley 538, en su artículo 9, firmado por el presidente Iván Duque al amparo del Estado de Emergencia, durante “la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión la del coronavirus Covid-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

Frente a este punto, algunos médicos ya amenazan con renuncias masivas y otros sostienen que se puede dar un plantón nacional.

Según el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, “el personal de la salud está trabajando con miedo, con desdén y en medio de una sociedad hipócrita, con dirigentes que no tienen palabra para brindarles garantías laborales y ciudadanos que los rechazan en medios de transporte y en establecimientos públicos”.

El médico Isaza agregó en diálogo con EL NUEVO SIFLO que “el 80% del personal de salud trabaja en condiciones laborales inestables y sin los mínimos de protección. Es por eso que decimos que nadie nos puede obligar al suicidio. Como médico siento mucha rabia, dolor, tristeza e indignación con el ministro de Salud, porque en una reunión le pedimos que facilitara al personal de salud quedarse en hoteles que quedaran cerca de los hospitales o que destinaran habitaciones para que fueran a descansar y después seguir el turno y el ministro respondió que no porque sería inequitativo. Inequitativo es lo que están haciendo con nosotros”.

Isaza advirtió que “como médicos nosotros respondemos al decreto que no iremos a ninguna parte sin no se nos garantiza la bioseguridad en todos los aspectos. Ese artículo debía contener que el Estado garantizará a los médicos su bioseguridad y en este momento no está garantizado”.

Por otro lado, la Coalición por el Talento Humano en Salud le dirigió una carta al presidente Duque en la que indicó que los “equipos de protección personal no pueden ser decretos vacíos que no se aplican ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal. A pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma inconsulta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando”.

Esta asociación le planteó a Duque que “el personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la Nación no garantiza al personal de salud los EPP” (elementos de protección personal).

La agremiación señaló que “queremos cumplir con nuestro deber con entrega y vocación solidaria, pero al país no le va a servir una larga lista de personal de salud muerto y sin poder detener la pandemia. Lo invitamos a escucharnos y no seguir como hasta el momento haciendo caso omiso a las peticiones de los diferentes gremios, que pedimos además: garantías de contratación laboral, asignación de salarios dignos con ajuste y pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la salud en todo el territorio nacional”.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, defendió el decreto mediante un video publicado en redes sociales en que expuso cómo la norma “habilita nuevos espacios hospitalarios, centraliza la atención, también se toman medidas importantes frente a las transferencias directas desde el Gobierno nacional a las entidades territoriales, regula la telesalud en todos los ámbitos y toma una serie de medidas con el talento humano en temas de protección y reconoce económicamente a las personas expuestas al Covid-19”.

Piden que pago de beneficios sea directo

Por su parte, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pidió al Ministerio de Salud eliminar los intermediarios para el pago de los beneficios económicos que anunció el ministro Ruíz a los trabajadores de salud. 

El jefe del Ministerio Público respaldó este beneficio que ya había anunciado el organismo de control como una "prima especial" para las personas que día a día se están arriesgando por atender la pandemia. Esto debido a que ese beneficio redundará en el bienestar para los trabajadores de la salud y sus familias.

Sin embargo, manifestó que de acuerdo con lo decretado por el Ministerio, que establece que este beneficio se pague a través de las Instituciones Prestadoras de Salud, podría haber un riesgo de politización del proceso; desviación, pérdida de recursos o dilaciones en el pago.

Sobre esto, Carrillo pidió que este pago se haga directamente con el beneficiario, que es el trabajador de la salud, y no a través de entidades externas.