Ante la creciente preocupación por la democracia colombiana y el futuro económico del país, el concejal Marco Acosta radicó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional de Gustavo Petro.

Esta acción legal se fundamenta en la percepción de que la reforma no solo es perjudicial para la economía, sino que también tiene implicaciones graves para las generaciones más jóvenes. Uno de los argumentos centrales es que el documento rompe el principio de consecutividad.

Este principio establece que los proyectos de ley deben ser debatidos y aprobados en su totalidad en las plenarias de las cámaras legislativas. En este caso, se alega que la reforma no fue discutida adecuadamente en la plenaria de la Cámara de Representantes, ignorando las modificaciones realizadas por la Comisión Séptima.

La demanda también sostiene que la reforma infringe el principio de unidad de materia, al gravar con impuestos algunas pensiones. Este aspecto es crucial, ya que podría desincentivar el ahorro y afectar la calidad de vida de los pensionados, lo que contradice el propósito de un sistema pensional justo y equitativo.

Asimismo, la acción legal advierte que el ajuste al régimen de pensiones es insostenible a largo plazo. Se prevé que, a los 15 años de su implementación, se genere una "bomba pensional" que podría agravar la situación actual.

Finalmente, el concejal expresó que “la reforma nos devuelve a un pasado que ha sido responsable de los problemas actuales del sistema pensional”.