El Consejo de Estado consideró este miércoles que los entes territoriales tienen competencia para decidir y vetar la explotación minera en sus territorios.

Dicha decisión choca con la sentencia emitida recientemente por la Corte Constitucional, en la que se afirmó que las consultas populares no pueden usarse para parar estas actividades; esto último había dejado sin efecto la decisión de Cumaral, Meta, de prohibir la explotación de su suelo por medio de una consulta en las urnas.

La Sala Penal de la Corte señaló que este último mecanismo no era posible usarlo para prohibir las actividades mineras, en vista de que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación.

Entretanto, el Consejo de Estado aseguró este miércoles que las autoridades locales y nacionales tienen competencias en los asuntos mineros, ambientales y energéticos. Por ello, deben coordinar el ejercicio de sus funciones.