Siete de los nueve exmilitares imputados admitieron su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les atribuye. Estos hombres, todos retirados del Ejército Nacional, pertenecían al Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' (BAJES) y enfrentan cargos por 130 asesinatos y desapariciones forzadas documentados por la JEP en el departamento de Antioquia.

Se trata del coronel (r) Julio Alberto Novoa Ruiz, los subtenientes (r) José Alejandro Ramírez Riaño, Diego Germán Guzmán Patiño y Edwin Leonardo Toro Ramírez. Además, de los tenientes coroneles (r) Émerson Antonio Castañeda Morales, Nelson Enrique Carvajal Chisco y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda. Todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

Por su parte, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero manifestó que no aceptaba responsabilidad respecto de las imputaciones hechas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

La imputación realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP apunta a una presión por resultados que promovía "muertes en combate" como el único indicador de éxito en la Brigada IV del Ejército. Esta presión, según la investigación, fue ejercida por el entonces comandante de la Brigada, el general (r) Montoya Uribe, y los comandantes de los distintos batallones, en particular, el Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' (BAJES).

La JEP otorgó un plazo adicional de 30 días hábiles para que las víctimas se pronuncien sobre el tema. Este nuevo desarrollo en el Subcaso Antioquia arroja luz sobre la complejidad de abordar los 'falsos positivos' y la necesidad de que los responsables rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad que causaron un profundo sufrimiento en Colombia.