El turno fue para Majagual, donde la Procuraduría castigó a más de la mitad de los cabildantes

Nuevamente las irregularidades en la elección de personero les costaron el cargo a varios concejales.

Esta vez es a los cabildantes de Majagual, Sucre.

En decisión de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena destituyó e impuso una inhabilidad general de 17 años al presidente de la corporación en 2016, Eduardo Enrique Escobar, del Partido Liberal.

También fueron destituidos, con inhabilidad de 15 años, los concejales Marcos Antonio Morales (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Herisnel Quevedo (Cambio Radical), William David Bolívar (La U), Ismael Enrique Cárdenas (Alianza Social Independiente, ASI), Jesús Feria (Cambio Radical), Deibis Enrique Martínez (Opción Ciudadana) y Luis Germán Sampayo (Cambio Radical), elegidos para el periodo 2016 – 2019.

Dado que el Concejo de Majagual está integrado por 13 cabildantes, la destitución de ocho integrantes representa el 61% de la corporación.

A través de un comunicado, el Ministerio Púbico informó que pudo establecer que los sancionados eligieron por fuera del término legal al personero municipal, a quien debían nombrar a más tardar el 10 de enero de 2016 y solo lo hicieron hasta el 5 de febrero de ese año en cumplimiento de un fallo de tutela.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2016, el concejal Escobar revocó irregularmente ese nombramiento, al no contar con autorización legal, judicial o reglamentaria para adoptar esa decisión.

Para la Procuraduría Provincial de Cartagena, con su actuación los concejales vulneraron los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad de los actos de la administración pública, los cuales se refieren al ejercicio de su función conforme al ordenamiento jurídico.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó las conductas de los funcionarios como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

La decisión de primera instancia puede ser apelada por los sancionados.

En medio de los cambios normativos que se dieron para la elección de contralores y personeros a partir de los comicios regionales de 2015, varios concejales se han visto involucrados en irregularidades.

El caso más sonado se dio en Cartagena. Según la Fiscalía, la elección como contralora distrital de Nubia Fontalvo se dio para garantizar y equilibrar las cuotas burocráticas de la ciudad y la asignación de millonarios contratos.

Por estos hechos, en 2017 fue capturada la cabildante Angélica María Hodeg, investigada por el delito de cohecho propio. Aunque posteriormente recobró la libertad, la Alianza Verde que la había avalado la expulsó de la colectividad.

En la misma investigación fueron detenidos el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque y la contralora Fontalvo, entre otras personas.

Anteriormente por los mismos hechos la Fiscalía imputó a nueve concejales de la ciudad como presuntos responsables del delito de cohecho propio. Igualmente se presume que los investigados habrían recibido dineros para favorecer la escogencia de la funcionaria.

De otra parte, ese mismo año la Fiscalía les imputó cargos por prevaricato por omisión a los concejales de San Gil (Santander), Carlos Burgos, del Centro Democrático, y Juan Carlos Sánchez, de La U, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso de elección del Personero en 2016, tras el desacato de una orden judicial.

Días después el concejal Ciro Moreno, de Cambio Radical, fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por el mismo proceso.

Además de las dificultades para elegir personeros y contralores, varios concejales han sido procesados por la posible comisión de delitos en el manejo de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

La Fiscalía investiga varios casos en municipios de Cundinamarca, y le ha imputó cargos a cinco personas.

Entre los que deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito está el concejal de Mosquera, Víctor Julio Castellanos, de La U.

Para la Fiscalía los indiciados habrían incurrido en el denominado “volteo de tierras”, que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana manipulando el POT.