ABRIR INVESTIGACIÓN a la campaña del Pacto Histórico a la presidencia en 2022 y formular cargos al candidato, el actual mandatario Petro, y varios directivos de la misma, decidió ayer la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque se habrían superado en $5.355.748.115 los topes de gastos establecidos, de los cuales $3.709.361.342 en la primera vuelta y $1.646.386.773 en la segunda.

La noticia generó una polvareda política porque el presidente dijo que “ha comenzado el golpe de Estado”; mientras que la oposición apoyó la decisión del CNE al subrayar que el mandatario no está por encima de la ley.

Al respecto la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó que “esto no afecta el fuero presidencial, pero sí es un paso hacia la justicia”.

Petro ha insistido desde que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada presentaron en mayo pasado a la Sala Plena una ponencia pidiendo investigar esa campaña y proferir cargos al presidente por violación de topes de gastos, que el CNE no tiene competencia para ello porque es el Congreso el que le corresponde por el fuero de su cargo, por intermedio de la Comisión de Acusación de la Cámara.

A mediados de mayo pasado, dicha Comisión solicitó al CNE el traslado del proceso, argumentando que tiene esa competencia y atendiendo una petición de la defensa del jefe del Estado.

Sin embargo, en agosto pasado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022.

Igualmente, el Alto Tribunal recordó que es competencia del Congreso, por intermedio de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.

La decisión

La Sala Plena decidió por mayoría de 7 votos acoger la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada. Salvaron el voto las magistradas Alba Velásquez y Fabiola Márquez, quienes fueron elegidas por el Congreso a este organismo en la plancha del Pacto Histórico.

El organismo determinó “abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica (UP), por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

La ponencia indica que en las cuentas que entregó la campaña al CNE se omitió un aporte del sindicato Fecode por $500 millones; un préstamo del Polo por $500 millones; así como el pago a testigos electorales por $931.290.000.

Tampoco según el CNE se reportaron gastos por propaganda por $356.102.872; pagos efectuados desde la campaña al Senado del Pacto Histórico por $202.471.731; así como ingresos y gastos por transporte aéreo por $1.249.793.230; igualmente el aporte del sindicato USO por $121.544.000

También se formulan cargos al presidente y directivos de la campaña por presunta financiación prohibida, al recibir aportes de las personas jurídicas Fecode y USO.

En cuanto a la segunda vuelta, según el CNE se omitió el reporte de gastos por el evento realizado en el Movistar Arena por $100.000.000 para celebrar el triunfo de Petro; así como el pago a testigos electorales por $177.680.000.

Agregó que tampoco se informó de gastos por servicios de transporte aéreo por $962.957.784; ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por Colombia Humana por $530.579.983; así como un aporte de la USO por $379.019.511.

El presidente del CNE, magistrado César Lorduy, advirtió que “se aclara que esto es solo una formulación de cargos y apertura de investigación, por ahora absolutamente no hay ninguna sanción”.

Por otra parte, la Sala Plena del CNE negó una ponencia que pedía investigar la campaña de Petro en 2022 por supuestamente comenzar antes de los tiempos establecidos en el calendario electoral, que presentó el magistrado Alfonso Campo.

Reacción del presidente

El jefe de Estado en una alocución dijo que “se ha roto el fuero integral del presidente de la República”. Agregó que, de concretarse este acto, “representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país” y se “pone en peligro la institucionalidad que represento”.

El mandatario controvirtió las irregularidades que para el CNE se presentaron. Dijo que los aportes de Fecode y la USO no fueron a su campaña, sino al Partido Colombia Humana. Agregó que los pagos a los testigos electorales “no corresponden a gastos de campaña”.

Sostuvo el mandatario que “todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE”.

Aseguró también que el CNE confunde los permisos de vuelo con los vuelos efectivamente realizados por la campaña por medio de la compañía SADI.

Así mismo manifestó el jefe del Estado que “el evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar Arena después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley”.

Dijo también que “los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad”.

Petro dijo que solicitó a la Comisión de Investigación de la Cámara que haga público el expediente; también hizo un llamado “a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia”. Incluso pidió “al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia”.

¿Qué viene en la investigación?

La próxima semana los magistrados firmarán la resolución de formulación de cargos a la campaña y al presidente, y se procederá a la notificación personal al jefe de Estado y los directivos de la misma, o por intermedio de sus representantes. Si no acuden para ello al CNE en los 5 días establecidos, se notificará por medio de aviso en la dirección que está registrada.

Luego de la notificación los investigados tienen 15 días para rendir descargos. Transcurrido este término, independientemente de que rindan o no descargos, se inicia un periodo probatorio que podría ser hasta por 60 días, dependiendo de lo que pida la defensa y la complejidad de las pruebas que haya que realizar, así como lo que decidan los magistrados investigadores Prada y Ortiz.

Posteriormente empieza a correr un término de 10 días para que los investigados formulen alegatos.

A partir de ese momento comienza a correr el término para que el CNE decida de fondo si sanciona o archiva la investigación al presidente y los directivos de la campaña, a partir del acervo probatorio y otros elementos que existen en el expediente.

Según los términos en esta investigación es poco probable que el CNE resuelva este año el caso, ya sea sancionando o archivando.