El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) informó que 44.829 niños de la región del Catatumbo al noroccidente de Colombia han sido afectados con la suspensión de clases en sus escuelas en el primer semestre de 2018 debido a enfrentamientos entre grupos armados.

La organización indicó que al menos 80 instalaciones educativas han tenido que suspender temporalmente sus clases por temor a la violencia en la región. Mencionó que los niños que no asisten a la escuela en las zonas de conflicto están más expuestos al reclutamiento forzado, al trabajo y al abuso infantil.

La ONG también denunció que se han detectado 26 minas terrestres y restos explosivos cerca de aulas escolares en el Catatumbo. Detalló que las clases de 3.459 estudiantes han sido suspendidas ante la amenaza de los artefactos.

El director del NRC en Colombia, Christian Visnes, le aseguró a la Agencia Anadolu que se le ha pedido al Estado colombiano que se una a la Declaración de Escuelas Seguras que protege a los centros educativos para que no se conviertan en zonas de combate. El documento ha sido firmado por 75 naciones.

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Visnes calificó la firma de la Declaración como una muestra de buena voluntad que daría el Gobierno frente a la protección de las escuelas en el conflicto. “Somos testigos de que muchas veces actores armados toman las escuelas como centros de operaciones. Eso pasa con los grupos ilegales y en ocasiones con el Ejército que ha hecho campamentos cerca a los centros de educación”, sostuvo.

El director se refirió, en específico, a un ataque que sucedió el pasado 4 de julio alrededor de la escuela La Pacheca, en el municipio de Hacarí en Norte de Santander, que tuvo daños debido al incidente.

“Entendemos que alrededor de esa escuela se da un combate entre actores armados. No es nuestro trabajo identificar quienes son, pero entendemos que en la zona hay dos guerrillas, una el ELN y otra el EPL”, afirmó Visnes.

El NRC es una organización humanitaria que hace varios años trabaja en el Catatumbo. A diario asiste a personas afectadas por el conflicto armado y líderes en la zona donde se entera de las dificultades que tienen los niños para recibir clases.