Mientras el fuerte movimiento telúrico del martes sacudió con su magnitud de 7,3 a Venezuela y Trinidad Tobago sin dejar víctimas, esta semana la justicia transicional se estremeció con varias sacudidas cuyas repercusiones están aún por verse.

Quizás el remezón más fuerte se sintió el miércoles, cuando el Consejo de Estado anunció que halló "responsabilidad administrativa y patrimonial" de la Nación "por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del Club" El Nogal, el mayor ataque urbano de las Farc, que hace quince años dejó 36 muertos.

El viernes el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que el Gobierno “impetrará todos los recursos que legalmente le queden”, pero un día antes el presidente Iván Duque ya había considerado que el Estado no podía terminar “pagando con los impuestos los hechos terroristas”.

Sin embargo, este temblor no se compara con el sacudón del pasado fin de semana, luego de que el viernes 17 de agosto la Corte Constitucional anunciara que avalaba el grueso de la ley estatutaria que reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aunque dejando sin piso algunos ajustes introducidos por el Congreso, como es el relacionado con el castigo a lo delitos sexuales, pues según la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo los legisladores no tenían competencia para ordenar sanciones distintas a las establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017, precisando que “las sanciones no se imponen en relación con la naturaleza del delito. Se imponen en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, de reparación de las víctimas y de garantía de no repetición. No dependen del tipo ni de la naturaleza del delito”.

Mientras la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, manifestó que no habrá impunidad para estos casos, explicando que “hay delitos que se consideran imprescriptibles, que son los de lesa humanidad, y entre ellos la violación sexual en medio del conflicto armado”, el presidente Duque aseguró que no se pueden “atenuar ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños”, reiterando su intención de promover la cadena perpetua para esos delitos.

Sin embargo, ese no fue el único motivo de alarma tras el fallo de la Corte. El fiscal Néstor Humberto Martínez le envió una carta al presidente el alto Tribunal constitucional Alejandro Linares manifestándole sus inquietudes sobre el tratamiento del narcotráfico como delito de ejecución permanente, las investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, la renuncia a la investigación penal de graves crímenes, las garantías de no repetición y el trámite de la extradición.

Siguió temblando

El sismógrafo osciló otra vez el viernes pasado, cuando la JEP admitió los casos de los parapolíticos David Char y Álvaro Ashton, que venían siendo procesados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo acusaciones, entre otros delitos, de concierto para delinquir agravado por aliarse con grupos armados ilegales para asegurar su elección al Congreso.

La JEP siguió temblando por cuenta del plazo de 30 días que le dio al Gobierno y al partido Farc para aclarar cuántos y cuáles son los bienes del desmovilizado grupo guerrillero, con el fin de tener información necesaria para declarar medidas cautelares para garantizar la reparación a las víctimas.

Lo interesante es que la JEP respondió así a una solicitud presentada en febrero por el líder de ese partido, Pastor Alape Lascarro, para que se decretaran medidas especiales para proteger los bienes con los que piensan indemnizar a los afectados por el conflicto armado.

La decisión de la JEP concuerda con una declaración hecha hace unos meses por el fiscal Martínez sobre la necesidad de precisar el inventario de bienes y activos, de informar sobre sus matrículas inmobiliarias, su ubicación exacta y además describir sus linderos.

Por cierto, que el partido Farc había ya protagonizado un sacudón con la radicación el miércoles de su primer proyecto de ley en el que proponen el tratamiento penal diferencial a los pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito. La iniciativa, que implementa uno de los puntos de los acuerdo de La Habana busca responder al Gobierno que plantea la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha antidroga.

Fuerte sismo

No obstante, nada se compara al cimbronazo que se sintió en la plenaria del Senado durante la primera confrontación directa entre las bancadas del Centro Democrático y el partido Farc.

En la noche del martes, cuando se debatía sobre el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la senadora uribista Paloma Valencia aseguró que existían las pruebas suficientes para que Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich) fuera extraditado a los Estados Unidos, a lo que el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) respondió que "Santrich hoy en día está preso ilegalmente" porque fue privado de libertad “sin tener pruebas”; luego el senador Carlos Felipe Mejía se refirió a los congresistas del partido Farc como “violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcoterroristas, narcotraficantes, bandidos”, precisando que “no porque estén aquí sentados resulta que sus crímenes que hicieron por 50 años y la sangre de colombianos derramados no existen”.

Con la pelea ya casada, el senador Álvaro Uribe manifestó que “si a mi persona le llegaran a probar la infamia de que fui determinante del asesinato de Jesús María Ovalle no podría seguir aquí; pero aquí están sentados asesinos con largas condenas que no pagaron ni un día de cárcel", a lo que Lozada replicó señalando que “estamos ante la posibilidad de que el país conozca, ahora sí, muchas verdades que quienes han detentado el poder no quieren que se sepan, porque le temen más a la verdad que a la cárcel”.

El jueves, tras el sismo provocado por la incertidumbre sobre el paradero de Luciano Marín (Iván Márquez) y Hernán Darío Velásquez (el Paisa), el presidente Duque dijo que espera que cumplan con lo pactado en los acuerdos de La Habana y culminen su proceso de reincorporación a la vida civil.

Se prevén nuevos sismos y réplicas de los ya registrados.