Uno de los aspectos que para algunos se debe destacar del Acuerdo de Paz en materia agrícola es que apunta al acceso del campesino a la tierra, pretendiendo combatir de esta forma la concentración de este importante recurso en pocas manos.

La conclusión del IDH 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que el principal freno para el desarrollo humano en Colombia es la alta concentración de tierras en pocas manos. Afirma que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población.

En tanto que en 2016, un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) basado en el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, indica que en materia de posesión de la tierra es del 89,7%.

En esa oportunidad el director del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, explicó que “normalmente, este coeficiente se usa para medir la desigualdad en los ingresos de los hogares, pero también es de gran utilidad para cualquier forma de distribución desigual”.

Según Nieto, “un Gini de propietarios cercano al 90% indica que la mayoría de la tierra rural en Colombia está concentrada en pocas personas, una desigualdad desmesurada”.

Producto del acuerdo de Paz, el Gobierno está pendiente de presentar al Gobierno la ley de tierras y también está previsto un fondo de tierras que se debe nutrir en su mayor parte con los baldíos de la Nación.

No obstante para el exparlamentario Wilson Arias, el Acuerdo de Paz y otras iniciativas que ha anunciado el Gobierno nacional para que más campesinos accedan a la tierra, se quedan a medio camino en ese propósito.

“Cuando se produce el diálogo de La Habana ocurre a la vez lo de la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), pero el Acuerdo omite ese debate. Luego viene el Acuerdo del Teatro Colón (que ajustó los textos cuando ganó el No en el plebiscito), que es regresivo en relación con el de La Habana. Y hay un tercer momento que es de la política de tierras de Juan Manuel Santos en el pos acuerdo, que va en degradé. El Gobierno nacional ha sido omisivo desde que la Contraloría y en varios debates parlamentarios señalamos la necesidad de recuperar los baldíos”, dijo Arias.

Añadió que “ese ha sido el comportamiento del gobierno en otros órdenes. El Plan de Desarrollo (2014-2018) es una promesa en la que hay diagnósticos, con una parte retórico-discursiva de complacencia hacia la inversión social, la democratización y hacia los sectores sociales apaleados, pero en la letra concreta de la normativa hace exactamente lo contrario. De modo que La Habana lo que hace es extender esa especie de política bifronte del gobierno, que dice una cosa y hace otra. Al final lo que tenemos es una política económica supremamente regresiva”.

Sin embargo el economista y rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, dijo hace algunos meses sobre la iniciativa de ley de ordenamiento social de la propiedad de la tierra, que “me inquieta del proyecto de ley su desconocimiento a la diversidad productiva de la ruralidad, como si el campo fuese exclusivamente para el desarrollo agrícola y no cupieran otros propósitos, como el turismo (entre otros). También deja el proyecto inicialmente planteado la sensación del desaprovechamiento o el desconocimiento del enorme potencial de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social, Zidres, para no hablar de otras inquietudes legales de fondo”.