Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el genocidio de la Unión Patriótica, entre 1984 y 2002, hace una cruda radiografía de uno de los capítulos más negros de Colombia. Aquí algunas de sus conclusiones

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“Ha existido un déficit de justicia verificable en problemas críticos como: la carencia en la protección de los militantes de la UP y la existencia de múltiples situaciones y mecanismos de impunidad. Pese a las reiteradas denuncias públicas realizadas por las víctimas ante las instituciones y autoridades competentes, no existió una respuesta institucional adecuada para brindar la protección necesaria al conjunto de la militancia de la UP frente a una violencia selectiva recurrente.

La impunidad tomó distintas formas: la insuficiencia en la respuesta investigativa, que se expresó en la falta de investigación, la dilación de los procesos, la pérdida de expedientes, las colisiones por competencia y el archivo de las investigaciones sin determinación de responsables. También se presentó impunidad delictuosa, cosa juzgada fraudulenta, cuando los procesos infundados contra miembros de la UP fueron conducidos de forma irregular. La investigación inadecuada, con énfasis en la individualización de casos y priorización en los perpetradores materiales, ha hecho más difícil la labor de establecer una verdad judicial y unas sanciones que den cuenta y respondan al crimen colectivo. Se espera que las nuevas metodologías de investigación implementadas por la FGN (Dinac) puedan avanzar en esta materia.

Estas formas de impunidad permitieron que la violencia contra la UP se prolongara durante dos décadas sin que hubiese una contención institucional. El déficit de justicia permitió la repetición de los hechos victimizantes. La falta de una sanción jurídica, que es a su vez una sanción pública de los hechos, dejó un espacio libre en la sociedad para que la estigmatización de la UP sirviera para legitimar la violencia en su contra; se dio el mensaje de que cometer crímenes contra la UP no era sancionable, ni jurídica ni socialmente. Por otra parte, la impunidad coadyuvó con la pretensión de ocultamiento de las estrategias de violencia desplegadas por las alianzas perpetradoras de los crímenes; la dispersión de los casos individuales, tanto de los crímenes como de los procesos, se juntaron creando la sensación de que se trataba de una violencia dispersa contraria a su realidad.

Así mismo, el déficit de justicia en el caso colectivo de la UP conllevó la petición de justicia al SIDH por parte de las víctimas. Se trata de un proceso de largo aliento en que las partes: las víctimas y el Estado colombiano, aún no llegan a un acuerdo y el proceso sigue su marcha. Del caso colectivo se desglosó el caso particular del Senador Manuel Cepeda Vargas, homicidio frente al cual la Corte IDH halló al Estado colombiano responsable por acción y omisión, y el Estado colombiano en virtud de la sentencia aceptó la responsabilidad.

El proceso de exterminio contra la UP es una tragedia nacional y como tal debe dimensionarse. Este significó un daño a la democracia. El impacto de este proceso trasciende el partido político a las múltiples comunidades que votaron por la UP y al final a la sociedad colombiana en su conjunto.

Generó un daño profundo que aún hoy en día no se ha podido subsanar: el mensaje de que en la sociedad colombiana no hay espacio para una expresión política civil disidente u opuesta al modelo tradicional dominante. La violencia reiterativa, sistemática y generalizada contra la UP persuadió a diversos sectores, militantes y no militantes de la UP, respecto a la solución negociada y al ejercicio de la política civil como la forma de encausar los conflictos producto de desigualdades sociales críticas y del carácter excluyente del régimen político.

El daño a la democracia producto del exterminio de la UP se manifiesta a nivel político en el menoscabo del pluralismo como valor democrático, en el que se entiende que la disidencia y la diversidad de opiniones son características propias de una sociedad libre y pacífica. Esto incide en la deslegitimación del régimen político colombiano. El daño se manifiesta en la pérdida de confianza y de solidaridad social frente a la construcción del Estado de Derecho y de las instituciones públicas, más aún cuando las víctimas identificaron la participación de agentes de Estado en la comisión del exterminio.

El daño a nivel social es igual de grave. Por un lado, el exterminio aconteció pese a que su sistematicidad era de dominio público. Sin embargo, la impunidad de los crímenes contra la UP contribuyó al silencio social y a la negación. Este silencio se transformó en la ausencia de un relato público que reivindique la dignidad de las víctimas, que es interpretado por ellas como el ocultamiento del crimen colectivo. En este contexto, se ha presentado una falta de sensibilidad de la sociedad frente a los crímenes cometidos contra la UP.

Todo pasó frente a nuestros ojos, la sociedad se habituó a la violencia ejercida y a la falta de respuesta efectiva de la justicia y del Estado frente a estos crímenes. La violencia contra la UP fue sistemática y generalizada, su objetivo: la desaparición del grupo político. Fue sistemática porque los actos de violencia que se presentaron en su contra se sucedían uno tras otro, sin detenerse, dirigidos contra sus militantes debido a su identidad política. Fue generalizada porque se presentó una victimización de gran magnitud, en todo el territorio nacional, en un extenso periodo de tiempo.

Reconocer esta realidad incontestable e interpelar el papel que jugaron los diversos actores en lo que las víctimas identifican como el genocidio político contra la Unión Patriótica, será el primer paso para asumir los retos que nos plantea el, tal vez, más importante momento de la historia contemporánea de Colombia: el actual proceso de posacuerdos y la oportunidad de constituirnos en una sociedad democrática y en paz”.