Los operativos de la Fuerza Pública para la ubicación, registro, extracción, destrucción, inhabilitación y disposición final de armamento, municiones y explosivos ocultos en 205 caletas de las Farc fueron verificados por la Procuraduría General de la Nación, informó este organismo de control el día de ayer.

Con esto se habría constatado que se cumpliera este proceso con las más de 900 caletas que reportó la entonces guerrilla, pues en septiembre pasado, cuando terminó el mandato de la primera Misión de Naciones Unidas, certificó la neutralización de 750 de estos escondites.

El Ministerio Publicó señaló ayer en un comunicado acerca de la verificación que hizo a la extracción de 205 caletas de las Farc que “un total de 18 procuradores judiciales acompañaron las acciones de ocho divisiones del Ejército y de la Fuerza de Tarea Omega en Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Meta, Norte de Santander y Valle, bajo la coordinación del Comando Estratégico de Transición”.

Añadió la Procuraduría General de la Nación que “las caletas encontradas hacían parte de los depósitos de armas que no alcanzaron a ser localizados y neutralizados por la Misión de las Naciones Unidas que tuvo a su cargo esa labor en el país”.   

En estas 205 caletas fueron halladas 1.658 granadas, 121.744 municiones de diferentes calibres, 51 morteros y sistemas de lanzamiento, 902 minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados, 7.236 detonadores, más de 17 mil metros de cordón detonante, 5.428 kilos de explosivos, 154 armas y 535 accesorios para armamento.

El acompañamiento del Ministerio Público en estas operaciones de extracción quedó definido en el Decreto presidencial 1716 del 20 de octubre de 2017. Los procedimientos realizados se iniciaron el 18 de diciembre de 2017 y concluyeron el pasado 20 de abril.

El 15 de septiembre de 2017 la Misión de las Naciones Unidas en Colombia reportó al finalizar el mandato que le entregó el Consejo de Seguridad que en total se desmantelaron 750 caletas de las 998 informadas por las Farc.

La ONU señaló en esa oportunidad que las caletas que no fueron extraídas quedaron a disposición del Gobierno nacional, el cual contará con la colaboración de los exintegrantes de las Farc para su ubicación y desmantelamiento.

Como resultado de las operaciones de extracción de caletas, se contabilizaron 1.238 armas que fueron identificadas y concentradas en el Depósito General de Armamento; 488.489 municiones de diferentes calibres; 26.489 kilos de explosivos; 4.277 granadas de mano y 2.647 minas antipersona.

El 13 de octubre del año anterior la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia informó que hizo entrega formal al Gobierno Nacional, bajo custodia  y garantía de seguridad de la Unidad de Policía Especial para la Paz (UNIPEP), de 69.034 kilogramos de material resultado de la inhabilitación y destrucción de todo el  armamento y munición de las Farc que hasta ese momento se encontraba resguardado en el Depósito General de Armamento de la Misión, al cual fueron llevadas las más de 7 mil armas que entregaron los excombatientes que ingresaron a las zonas veredales y puntos de ubicación y las 1.238 halladas en las caletas hasta esa fecha.

Este año

En marzo pasado el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, indicó que a la fecha habían sido ubicadas y extraídas 938 caletas que pertenecían a las Farc.

El Ministro señaló que la antigua guerrilla había reportado inicialmente 972 caletas con armamento y que entre enero y diciembre de este año la cifra creció. Además, afirmó que por inteligencia de la Fuerza Pública fueron ubicadas y extraídas otras 50, para un total de 1.096 caletas.

Explicó en esa oportunidad que de esas 1.096 caletas faltaban 158 por extraer pues "el acceso por condiciones topográficas ha sido muy difícil, pero como todas las misiones de nuestra Fuerza Pública, serán cumplidas".

La entrega de armas por parte de las Farc fue uno de los aspectos del acuerdo de paz que mayor escepticismo provocó en los contradictores de este proceso y el Partido Centro Democrático. No obstante el cumplimiento de lo pactado por esta guerrilla fue certificado por la Misión de Naciones Unidas en Colombia, a lo que se adiciona ahora lo señalado por la Procuraduría General de la Nación.