Congreso aprobó un proyecto que establece medidas para proteger a estas personas

Una serie de medidas para proteger a las personas que han sufrido ataques con sustancias corrosivas fueron aprobadas recientemente por el Congreso de la República.

La iniciativa, que está a la espera de la sanción presidencial, modifica la Ley 1639 de 2013, pretende fortalecer las medidas de protección, prevención y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido o sustancias similares que generen algún tipo de daño o destrucción al ser humano.

Entre las medidas adoptadas en esta iniciativa, se señala que los tratamientos requeridos no tendrán costo alguno. El Ministerio de Salud deberá garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnologías necesarias para la atención oportuna de las víctimas. Así mismo el Gobierno nacional deberá garantizar la capacitación del personal médico que tenga contacto con los lesionados con sustancias corrosivas a la piel.

Otra de las medidas es generar incapacidades. “La incapacidad inicial otorgada por Medicina Legal, a las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel deberá ser la correspondiente al tiempo promedio que pueda emplearse en la recuperación y rehabilitación de un paciente en condiciones similares, de acuerdo con los tiempos de tratamiento ya establecidos en las unidades de quemados del país”, señala la norma.

Con la ley, las personas que han sido objeto de ataques con sustancia o agentes químicos corrosivos a la piel serán considerados víctima de enfermedad catastrófica. Adicionalmente, se contempla un subsidio de apoyo. “El Gobierno nacional establecerá un subsidio de apoyo para las víctimas de ataques con agentes o sustancias corrosivas a la piel, igual a un salario mínimo mensual legal vigente, siempre y cuando se constate que la persona es cabeza de familia, pertenece a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, ha presentado pérdida de su trabajo posterior a la agresión”, estipula el texto.

Se señala que las EPS no podrán suspender el tratamiento, negar procedimientos, o retrasarlos. El Ministerio de Salud verificará que las EPS o la entidad que ejerza sus funciones garanticen las condiciones de continuidad de todo el tratamiento incluido procedimientos ordinarios y alternos, avalados y supervisados desde las Unidades de Quemados del País.

Otro punto de la ley es que el Ministerio de Salud se encargará de fortalecer y apoyar las Unidades de Atención de Quemados del sistema de salud público del país, con mayor infraestructura, tecnología e inversión, teniendo en cuenta que atienden condiciones graves de salud, y además son centros importantes de aprendizaje y enseñanza médica especializada. También establece que el Gobierno nacional deberá establecer las alianzas público-privadas, nacionales e internacionales necesarias para el acceso a tecnologías e insumos requeridos para el efectivo tratamiento de las víctimas.

La senadora Laura Fortich, del Partido Liberal, una de las ponentes, señaló durante uno de los debates que Colombia se encuentra dentro de los países con mayor número por delitos y atentados con sustancias corrosivas para la piel.

Así mismo, expuso cifras de víctimas de ataques con ácido en Colombia de 2008 a 2018. Según un reporte que realiza Medicina Legal, 820 mujeres son víctimas de lesiones por ataque con agentes químicos; de los cuales 135 son menores de edad víctimas con estas sustancias; el 52 por ciento son mujeres y 34 adultos mayores.

La senadora Aydeé Lizarazo, del partido MIRA, afirmó que con la norma se busca, además, de la atención a aquellas víctimas de ataque con ácidos, la prevención para que estos casos no se presenten en todo el territorio nacional. “Somos autores precisamente de esta Ley 1639 de 2013, que hoy nos ocupa para hacerle unos ajustes, unas modificaciones para fortalecerla”, dijo Lizarazo.

Intentos anteriores. En el año 2015, esta iniciativa fue presentada y radicada en el Senado de la República, la cual fue aprobada por la Comisión Séptima de esa corporación en primer debate, y posteriormente en plenaria. Sin embargo, este proyecto fue archivado por vencimiento de términos.

En el año 2017, esta iniciativa volvió a ser presentada y radicada en Cámara de Representantes; la Comisión Séptima de Cámara la aprobó en primer debate y luego en plenaria.